El caso tomó estado público luego de que un grupo de estudiantes denunciara que un compañero habría utilizado fotografías tomadas de sus cuentas de Instagram para generar imágenes íntimas falsas sin su consentimiento. La práctica es conocida como deepfake y consiste en utilizar herramientas digitales para crear o modificar contenidos de manera que una persona aparezca en situaciones que nunca protagonizó.
Por el momento, no existe una imputación formal contra el estudiante. La causa se encuentra en una etapa preliminar y las medidas buscan determinar qué ocurrió, quién generó el material y si las imágenes fueron efectivamente difundidas.
El joven, identificado como Sebastián García Pérez, se presentó con representación de la abogada María Filomena Noriega y, según las fuentes consultadas, colaboró con los investigadores.
En paralelo, el Ministerio Público Fiscal solicitó medidas para evitar que el denunciado tenga contacto con las jóvenes que acudieron a la Justicia. Se estableció una prohibición de acercamiento de 200 metros, además de la imposibilidad de mantener contacto con ellas por cualquier vía o a través de terceras personas.
La restricción también alcanza a la Facultad de Ingeniería, por lo que el estudiante no puede concurrir presencialmente a la institución ni permanecer en lugares donde puedan encontrarse las denunciantes. Tampoco puede realizar actos que puedan resultar perturbadores para quienes radicaron las denuncias.
En principio, las actuaciones judiciales se iniciaron a partir de las denuncias de dos jóvenes, aunque las fuentes no descartan que otras estudiantes puedan presentarse ante la Justicia.
Uno de los puntos que deberá determinar la investigación es qué figura legal podría corresponder a los hechos denunciados.
Si la conducta finalmente fuera encuadrada únicamente como una situación de acoso de carácter contravencional, las actuaciones podrían quedar bajo competencia de la Justicia de Faltas. Sin embargo, desde el CAVIG también se analiza si podrían existir otros hechos vinculados con violencia de género que permitan una intervención de la Justicia Penal.
Por ahora, ninguna de esas hipótesis está definida y la investigación deberá reunir elementos antes de avanzar hacia una eventual formalización.
La Facultad ya había separado al estudiante
El caso también generó una intervención de la Universidad Nacional de San Juan. La Facultad de Ingeniería informó oficialmente que tomó conocimiento de la situación y que articuló su actuación con la Oficina por la Igualdad de Género, Contra las Violencias y la Discriminación de la UNSJ y la UFI-CAVIG.
Además, mediante una resolución del Decanato se establecieron medidas administrativas para garantizar el cumplimiento de las disposiciones judiciales. Entre ellas, la separación de los entornos académicos y la prohibición de contacto presencial y virtual.
Por ese motivo, el estudiante continúa su formación mediante modalidad virtual y no puede asistir a la Facultad mientras se mantiene vigente la medida judicial.
La versión del entorno del estudiante
Mientras avanza la investigación, desde el entorno de García Pérez rechazaron las acusaciones y calificaron las denuncias como difamaciones. Según esa versión, el joven no habría sido quien difundió las imágenes cuestionadas. Incluso, señalaron a una expareja del estudiante como la persona que habría compartido el material.
La investigación deberá determinar ahora qué ocurrió con las imágenes, quién las produjo, si fueron difundidas y desde qué dispositivos, uno de los puntos que podría comenzar a esclarecerse a partir del material secuestrado durante el allanamiento.
