El tribunal estuvo integrado por Hugo Echegaray, Daniel Doffo y Eliana Rattá. La acusación estuvo a cargo del fiscal federal Fernando Alcaraz y su equipo.
Una estructura con funciones diferentes
La investigación permitió reconstruir que no todos los integrantes cumplían la misma tarea. De acuerdo con la acusación, Saavedra ocupaba uno de los lugares centrales de la organización y operaba desde afuera del penal. Era señalado como quien conseguía los estupefacientes, los distribuía entre distintos integrantes y luego cobraba el dinero de las ventas.
Su situación llamó especialmente la atención de los investigadores porque había recuperado la libertad el 10 de febrero de 2025, después de cumplir condenas anteriores vinculadas al narcotráfico.
Meses después, sus movimientos financieros comenzaron a mostrar otra realidad. Entre febrero y septiembre de ese año, sus billeteras virtuales registraron cobros por $89 millones y pagos por $83 millones.
El dato adquirió mayor peso al ser comparado con su situación económica previa. A fines de 2024, mientras estaba detenido, tenía apenas $16.000 en una cuenta bancaria. Para fines de 2025, su saldo había crecido hasta unos $3,3 millones, además de otros bienes y vehículos registrados a su nombre.
Para Fiscalía, ese flujo de dinero era incompatible con el corto período que llevaba en libertad y permitió profundizar la investigación.
El otro lado del negocio estaba dentro del penal
La droga necesitaba llegar al interior y, una vez allí, alguien debía distribuirla. Ahí aparecía el rol de Carlos Ormeño, señalado como una de las personas encargadas de comercializar los estupefacientes dentro del Penal de Chimbas.
La estructura también se apoyaba en personas del entorno familiar. Según la investigación, algunas mujeres vinculadas con los internos eran utilizadas para introducir droga al establecimiento.
Entre ellas estuvo Rocío Rojas, quien fue condenada a seis años de prisión y quedó bajo modalidad domiciliaria por tener una hija menor. También fue condenada Tania Rojas, pareja de Saavedra, a cinco años, con prisión domiciliaria debido a su embarazo.
La investigación estableció así un circuito que comenzaba fuera del penal, continuaba con el ingreso de los estupefacientes y terminaba con su comercialización entre los internos.
Uno de los elementos que permitió dimensionar la organización fue el análisis financiero. De acuerdo con la pesquisa, las cuentas y billeteras virtuales vinculadas con la banda registraron movimientos por alrededor de $590 millones en un período de 12 meses.
No se trataba, entonces, solamente de encontrar droga en una celda. Los investigadores siguieron también el dinero y las conexiones entre las personas que aparecían vinculadas a las operaciones.
Durante los allanamientos realizados en distintos departamentos y dentro del propio penal se secuestraron 200 gramos de marihuana, 34 gramos de cocaína, 30 plantas de marihuana y 189 pastillas, además de armas, municiones, dinero en efectivo, balanzas de precisión y documentación con anotaciones relacionadas con la venta de estupefacientes.
Dentro del establecimiento penitenciario fueron encontrados, entre otros elementos, 50 gramos de cocaína, papelillos, anotaciones, puntas y facas.
Hay otro elemento que atraviesa este tipo de investigaciones y que vuelve a aparecer en este expediente: los teléfonos celulares. Durante los procedimientos fueron secuestrados 44 celulares. En uno de los domicilios allanados, además, se encontraron nueve teléfonos junto con droga, dinero y un arma.
Los celulares son una pieza habitual en las investigaciones sobre delitos cometidos desde establecimientos penitenciarios. Permiten reconstruir contactos, comunicaciones y vínculos entre quienes están detenidos y quienes se encuentran afuera.
Y el caso también vuelve a poner sobre la mesa una discusión que excede a esta banda: qué tipo de tecnología logra ingresar a una cárcel, cómo se utiliza y hasta dónde puede llegar una organización cuando consigue mantener comunicaciones con el exterior.
En los operativos penitenciarios aparecen con frecuencia teléfonos que permiten sostener comunicaciones ilegales desde las celdas. Pero una investigación de esta magnitud muestra que el problema no termina en el simple hallazgo de un aparato: detrás de una comunicación puede existir una red de personas, movimientos de dinero y tareas coordinadas dentro y fuera del establecimiento.
En este caso, fueron las escuchas telefónicas, los seguimientos y el análisis financiero los que permitieron reconstruir buena parte de esa estructura. La tecnología, al mismo tiempo, aparece como una herramienta que puede ser utilizada por quienes intentan mantener el negocio desde una celda, pero también como una fuente de información para quienes investigan.
La propia relación entre los acusados quedó expuesta incluso durante el debate oral.
En agosto, mientras Saavedra y Ormeño estaban alojados en una celda contigua a la sala del Tribunal Oral Federal, mantuvieron una discusión que terminó a los golpes. Ormeño golpeó a Saavedra y le provocó una lesión en la nariz.
El episodio obligó a intervenir al personal penitenciario y de la Policía Federal y derivó en otra investigación por lesiones. Este jueves, finalmente, el proceso principal llegó a una definición con las condenas de Saavedra y Ormeño y la absolución de Ontiveros.
Así quedó cerrado el juicio contra los 13 integrantes que, según la acusación, formaban parte de una organización dedicada a llevar droga al Penal de Chimbas y venderla dentro del establecimiento.
Lo que quedó detrás de las condenas es una estructura en la que el negocio no terminaba en la reja del penal: la droga entraba, el dinero salía y las comunicaciones permitían mantener conectadas las distintas partes de la organización.
Por Gabriel Rotter.
