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Clausuraron un boliche y una fiesta privada

El boliche no contaba con la habilitación contra incendios, y la fiesta privada operaba sin las autorizaciones necesarias.

En la madrugada de este sábado, la Policía clausuró un boliche ubicado sobre avenida Libertador, en Capital. La inspección reveló que el establecimiento promocionaba la venta de alcohol y no contaba con la habilitación de servicio contra incendios.

En el lugar, se constató la promoción del consumo de bebidas alcohólicas mediante cartelería que exhibía reconocidas marcas. Además, se compartieron diversas publicaciones en redes sociales relacionadas con el evento.

La clausura preventiva se llevó a cabo al constatar que la habilitación de servicio contra incendios no estaba vigente debido a la falta de renovación anual. La medida se tomó en base a la infracción de los artículos 98°, 99°, 139° y 144° de la Ley 941-R, así como del Artículo 19°, 31° Inc. N de la ley 687-P. Por este motivo, se procedió a colocar la faja de clausura sin obstrucción, con intervención del Segundo Juzgado de Faltas.

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En tanto que alrededor de las 4, personal policial se presentó en una fiesta privada en Villa Luján, departamento Albardón. Allí, se entrevistó a dos hombres que indicaron que el ingreso al domicilio requería el pago de 1.200 pesos. Al verificar el interior, se encontró a unas 80 personas aproximadamente, con música en vivo y luces.

La propietaria del inmueble, una mujer de apellido López, de 46 años, asumió la responsabilidad del evento y admitió no contar con las habilitaciones necesarias para realizar actividades comerciales en su domicilio particular. Por lo tanto, se procedió al desalojo y se levantó el acta de infracción correspondiente.

Durante las entrevistas a los asistentes, se reveló que adquirieron entradas por un valor de 1.200 pesos y se enteraron del evento a través de las redes sociales. López fue notificada de la infracción a los artículos 98°, 99°, 139°, 143°, 162° Inc. C de la Ley 941-R, así como a los Artículos 08°, 09° y 31° Inc. F y Ñ de la ley 687-P, con intervención del Juzgado de Paz de San Martín.