Esta prórroga también afecta la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) y la nueva metodología para la actualización periódica de precios, dos pilares de la política energética que busca consolidar reglas claras y previsibilidad para el sector.
Un marco legal excepcional: la intervención del Enargas y el DNU
Desde el 1° de enero de 2024, el Enargas se encuentra intervenido, lo que habilita al interventor designado por el Poder Ejecutivo a conducir el proceso de revisión tarifaria. Este contexto institucional refuerza el control estatal sobre las decisiones técnicas y económicas del sector.
El Gobierno ya había declarado en diciembre de 2023, a través del DNU 55/2023, el estado de emergencia energética, con el objetivo de garantizar la continuidad del suministro en condiciones de crisis estructural. Esa medida fue luego prorrogada por un año más mediante el DNU 1023/2024, que seguirá vigente hasta el 9 de julio de 2025.
Inversiones, sostenibilidad y control de costos
El Ejecutivo considera que mantener la emergencia es “esencial” para estabilizar el sistema energético nacional. Esto incluye asegurar ingresos reales a las empresas prestadoras, habilitar un marco propicio para las inversiones y sostener la prestación del servicio bajo estándares técnicos y económicos adecuados.
La Secretaría de Energía fue facultada para intervenir de manera directa en las decisiones que involucren costos operativos, estructura tarifaria y planificación del sector. El objetivo es claro: ordenar el sistema, atraer inversión privada y garantizar servicios públicos estables y sostenibles.
