La investigación llevó dos meses y medio de trabajo en conjunto de más de 20 fiscalías especializadas. Surgió a partir de la "búsqueda proactiva" de material en internet; de las denuncias de particulares y de presentaciones de organizaciones de alcance internacional dedicadas a la protección y prevención de las víctimas de pornografía.
De acuerdo con el relevamiento que se difundió desde la Procuración la tarea investigativa logró detectar "114 objetivos", que fueron allanados. Están ubicados en los departamentos judiciales: Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, descentralizada de Tres Arroyos, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, descentralizadas de Esteban Echeverría y Ezeiza, Mercedes, Moreno-Gral. Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen, Zárate-Campana, y objetivos en provincia de Tucumán.
Un medio nacional pudo saber que la mayoría de los detenidos fueron detectados mientras operaban algún dispositivo para comercializar material prohibido. Incluso, en al menos dos procedimientos, los imputados estaban en la tarea de "producción" de ese producto de abuso sexual infantil. Eso ocurrió en La Matanza y dos niñas fueron rescatadas. Uno de los casos generó indignación en los agentes que intervinieron: era el padre de la víctima.
Hubo otro episodio que también resultó escalofriante: nueve de los procesados estaban alojados en una cárcel de Florencio Varela. Es decir, desde las celdas de la prisión operaban los traficantes de escenas de abusos infantiles. Quedaron procesadas 10 personas que estaban presas por otros delitos.
En Tres Arroyos, Pergamino, Mar del Tuyú, Santa Teresita, Rafael Castillo, San Justo, Tristán Suárez, Monte Grande y Quilmes detuvieron a una persona en cada allanamiento. En Junín hubo dos detenciones.
Este operativo del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del Procurador General Julio Conte-Grand, es la cuarta misión organizada de acciones para combatir la pornografía y abuso sexual infantil.
A partir de los resultados obtenidos en la operación, pudo establecerse que, en total resultaron imputados 116 sospechosos: 97 varones y 19 mujeres. Hay 16 que trabajaban en contacto directo con infancias o adolescencias y 67 que convivían con menores de edad.
La Justicia tiene ahora secuestrada 529 dispositivos de almacenamiento, 261 celulares, marihuana, cocaína y 9 elementos no digitales.
