Rechazó la postura del Estado argentino de que se trata de material privado.
La jueza estadounidense Loretta Preska volvió a reclamar a la Argentina la entrega de los chats y los mails de los últimos dos ministros de Economía del país, Luis Caputo y Sergio Massa, en una nueva audiencia por la causa YPF que se realizó entre los representantes de la Argentina y los fondos demandantes.
La audiencia se centró en el proceso de discovery (documentos que el demandante solicita para dar cumplimiento de la pena) y la entrega de información relacionada con el "alter ego" de YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Central (BCRA), el Banco Nación e YPF.
La magistrada del distrito de Nueva York planteó que las objeciones del Estado argentino, basadas en supuestas restricciones constitucionales y legales locales, son una estrategia dilatoria, por lo que fijó una fecha límite de cumplimiento para la entrega de los chats y correos electrónicos para el 30 de octubre.
El Estado había solicitado no entregarlos, alegando que no tenía forma de recolectarlos y de que eran temas personales de los funcionarios, pero la jueza desestimó eso y ordenó que los consiga y los entregue de cualquier manera antes de que termine el mes.
Los demandantes (Levine Lee, King & Spalding, Kellogg Hansen) insistieron durante la audiencia de este viernes en que los funcionarios usan chats y teléfonos personales para manejar asuntos de Estado y que hay evidencia pública de eso.
Así reafirmó su orden previa de que la Argentina aporte los mails y chats de WhatsApp de Luis Caputo y su antecesor, Sergio Massa. La jueza consideró que la falta de cumplimiento podría derivar en sanciones, como inferencias adversas o medidas de desacato.
Días atrás, el Gobierno celebró el respaldo de un grupo de países para evitar la entrega del 51% de las acciones de YPF como parte de pago de la sentencia por US$16.000 millones como compensación por la estatización de la petrolera.
La Argentina sostiene que cumplir con la orden de Preska de entregar las acciones de YPF como parte de pago de la condena fectaría la soberanía económica y sentaría un precedente para la protección de activos estatales en el exterior.
