En la Casa Rosada reconocen que no buscarán centralizar las negociaciones en el Consejo de Mayo.
El Gobierno planea convocar a la nueva cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) para negociar antes de presentar la reforma laboral en el Congreso. El Ejecutivo busca acercar posiciones con la central sindical en la previa del tratamiento del proyecto, que el oficialismo quiere ingresar primero por el Senado.
Es por eso que la Casa Rosada tiene en la mira un encuentro con Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio), Jorge Sola (Seguros) y Octavio Argüello (Camioneros) en el corto plazo. En Balcarce 50 reconocen que no buscarán centralizar las negociaciones en el Consejo de Mayo, que no volvió a reunirse tras la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete.
En la mesa política de Nación aseguran que apuntarán a reunirse con cada sector por separado para avanzar con las reformas. Es por eso que el nuevo ministro coordinador, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, coordinan encuentros con los mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo para sumar adhesiones en el Congreso. Lo mismo aplica para el sector empresarial.
Según pudo saberse, el proyecto del oficialismo contiene cambios en la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) para reducir los costos de contratación, los impuestos laborales y la participación estatal en los acuerdos entre privados. Busca fomentar la mediación y el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto entre partes para evitar judicializaciones.
Lo mismo aplica para la optatividad del pago de la cuota solidaria de los sindicatos -medida que afectaría su recaudación-, la aplicación de los convenios específicos sobre los colectivos y la profundización de las limitaciones al derecho a huelga a través de la declaración del servicio esencial del 50% de áreas como la salud, transporte, telecomunicaciones y educación, entre otras.
Es una de las concesiones que realizó el Ejecutivo en septiembre de 2024 con la CGT: definió no reglamentar el artículo 94 de la Ley Bases, que modifica la Ley 20.744 y habilita despidos en casos de bloqueos a las empresas. Dispone que “podrá configurar grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento”.
La Casa Rosada ya impulsó el año pasado la eliminación de multas al trabajo mal registrado, la ampliación del período de prueba a ocho meses junto con la creación del fondo de cese laboral optativo. En Balcarce 50 mantienen la postura además de no homologar paritarias por arriba de la inflación más allá de las tensiones con los sindicatos.
Los encargados de llevar los cambios en el régimen del trabajo son los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación) y Luis Caputo (Economía) junto con el secretario de Trabajo, Julio Cordero. En Nación aseguran que ya hubo contactos con la nueva cúpula de la CGT para negociar los puntos de la reforma laboral.
El Gobierno formalizará la primera convocatoria a sesiones extraordinarias desde el 10 hasta el 31 de diciembre para tratar en Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados. Nación apunta a que los cambios en el régimen laboral comiencen a debatirse en la Cámara Alta bajo la interlocución de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y quiere ampliar las sesiones extraordinarias desde el 15 de enero hasta fines de febrero.
Las nuevas autoridades de la CGT anticiparon que buscarán abrir una mesa de diálogo con el Gobierno, pero remarcaron que rechazarán tres puntos que circularon sin confirmación oficial: el tope en las indemnizaciones, los bancos de horas y el salario por productividad. “No vamos a aceptar ninguna propuesta que sea regresiva con quita de derechos”, expresó Jerónimo en declaraciones radiales.
El dirigente del sindicato del Vidrio aseguró que la central obrera está dispuesta a discutir “sobre bases convencionales y con criterios razonables”. Recordó además que el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, integra el Consejo de Mayo, y planteó que “mientras sea un diálogo criterioso, estamos dispuestos a conversar”.
Sola afirmó que la CGT no acompañará “nada que replique el DNU 70/23” y sostuvo que la Justicia ya declaró inconstitucional ese decreto. “Hay un sector del Gobierno que busca atomizar el poder sindical, tratándonos como adversarios políticos”, manifestó el dirigente del sindicato del Seguro.
