Junto con estos compromisos, el acuerdo también contempla un rediseño del régimen cambiario, con una transición hacia un esquema de mayor flexibilidad del tipo de cambio. El objetivo de este cambio es reconstruir reservas internacionales y mejorar la capacidad de absorción de shocks externos. Esta transición será acompañada por un nuevo marco de metas monetarias, que incluirá límites estrictos sobre los activos domésticos netos del Banco Central, para sostener la demanda de dinero y continuar con el proceso de desinflación, reduciendo la necesidad de intervención en el mercado cambiario.
Además, el programa contempla el tratamiento de una reducción gradual de los llamados impuestos distorsivos, como los gravámenes sobre exportaciones y transacciones financieras, que serán reemplazados por tributos directos más simples y mejor administrados sobre hogares y empresas. Entre las reformas previstas se incluye la armonización del monotributo, la simplificación del impuesto a las ganancias corporativas, y la revisión de los gastos tributarios, que actualmente representan el 3,5 por ciento del PBI y benefician a sectores y regiones específicas.
A nivel provincial, se buscará eliminar gradualmente los impuestos distorsivos como Ingresos Brutos, y mejorar la valuación de activos inmobiliarios y tierras, especialmente en el sector agropecuario. También se impulsará una reforma del sistema de coparticipación federal y se promoverán marcos de responsabilidad fiscal para alinear incentivos entre los distintos niveles de gobierno.
En paralelo, se profundizarán reformas estructurales destinadas a fortalecer la apertura de la economía, flexibilizar los mercados de bienes y trabajo, mejorar la eficiencia del Estado y dotar de mayor previsibilidad al marco regulatorio. Estas iniciativas también contemplan el alineamiento de los marcos legales vinculados a la lucha contra la corrupción y el lavado de activos con los estándares internacionales.
