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San Juan bajo la lupa: la Corte provincial, sin transparencia patrimonial

Los cinco jueces de la Corte de Justicia de San Juan no difundieron sus declaraciones juradas. Todos tienen vínculos previos con el poder Ejecutivo y fueron designados durante gobiernos peronistas.

Por primera vez, un relevamiento nacional dejó al descubierto la fuerte conexión entre la política y la Justicia provincial. En San Juan, ninguno de los cinco miembros de la Corte de Justicia presentó su declaración jurada patrimonial, según un informe publicado por Chequeado y realizado por Ruido y Connectas entre abril y mayo de 2025. La provincia se encuentra entre las 13 cuyos máximos tribunales no respondieron al pedido de acceso público a la información.

La Corte local está integrada por la presidenta Adriana García Nieto y los ministros Marcelo Lima, Guillermo de Sanctis, Daniel Olivares Yapur y Juan José Victoria, todos con antecedentes laborales y políticos vinculados al peronismo.

  • Adriana García Nieto fue asesora letrada de gobierno y subsecretaria general de la gobernación.

  • Daniel Olivares Yapur fue candidato a diputado provincial.

  • Juan José Victoria trabajó como asesor letrado de la Secretaría de Deportes de Santa Lucía y fue fiscal general de Rawson.

  • Guillermo de Sanctis se desempeñó como fiscal de Estado, diputado y ministro de Salud.

  • Marcelo Jorge Lima fue vicegobernador, intendente de San Juan y ocupó otros cargos ejecutivos en la provincia.

A nivel nacional, solo el 14% de los jueces de Cortes Supremas provinciales permitió acceder a sus declaraciones juradas, mientras que en provincias como Córdoba y Mendoza la totalidad de los magistrados compartió la información. En otras jurisdicciones, los datos se consideraron secretos o se entregaron de manera parcial o inaccesible.

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El relevamiento mostró que, de 138 jueces analizados, 88 tenían vínculos previos con gobiernos locales: cargos ejecutivos, legislativos, fiscales de Estado o funciones partidarias. Además, 76 fueron designados en Cortes bajo gobiernos del mismo signo político que su vínculo anterior. Esta realidad plantea cuestionamientos sobre la independencia del Poder Judicial, un pilar fundamental de la Constitución Nacional y de las cartas magnas provinciales.

San Juan, junto a La Rioja y San Luis, encabeza un ranking nacional donde todas las bancas de sus Cortes Supremas están ocupadas por jueces con nexos previos con el poder político, dejando en evidencia un patrón de nombramientos vinculados al peronismo.

El informe subraya que, aunque la obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales está normada por leyes de ética pública y constituciones provinciales, la mayoría de los jueces opta por cumplirla de manera cerrada, inaccesible para la ciudadanía, limitando así el control social y la prevención de posibles delitos de corrupción o enriquecimiento ilícito.

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