Entre los principales puntos que volverán a discusión aparece la figura de la internación involuntaria. El esquema que se analiza prevé que los jueces puedan autorizar hospitalizaciones bajo evaluación interdisciplinaria previa, y que los defensores oficiales tengan facultades para oponerse a la externación. Se trata de una de las demandas más reiteradas de familiares y fuerzas de seguridad, que señalan la dificultad de intervenir cuando el paciente no manifiesta voluntad de tratarse.
Otro de los cambios en estudio es la posibilidad de crear nuevamente instituciones monovalentes —manicomios o neuropsiquiátricos—, públicas o privadas, cuya prohibición está contemplada en la ley actual. También se plantea revisar el criterio de internación en hospitales generales y discutir la habilitación de centros especializados.
En materia de urgencias, el borrador retomaría la idea de facultar a los jueces para adoptar medidas inmediatas de atención antes de la evaluación interdisciplinaria, en situaciones que representen riesgo para la persona o terceros.
La ley vigente fue promulgada en 2010 y reglamentada en 2013, durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, y tuvo respaldo de organismos internacionales como la OMS y la OPS. Su enfoque prioriza la desinstitucionalización y el tratamiento comunitario. Sin embargo, recibió críticas por la dificultad de aplicación práctica, la falta de recursos y los límites para actuar en casos de riesgo.
Desde las fuerzas de seguridad suelen mencionarse episodios como el crimen del policía Juan Pablo Roldán, asesinado cerca del MALBA en 2020 por un hombre con alteraciones mentales que luego murió. Ese caso volvió a exponer tensiones entre la intervención policial, la internación voluntaria y la responsabilidad profesional.
Con el nuevo proyecto, el Gobierno busca reabrir una discusión sensible que atraviesa salud pública, justicia y seguridad, y que promete un intenso debate legislativo y social en los próximos meses.
