La norma volverá al Senado tras modificaciones y podría condicionar la gobernabilidad de un Ejecutivo en minoría parlamentaria.
En una sesión marcada por el debate político y las tensiones entre oficialismo y oposición, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles una reforma al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que limita de manera significativa las facultades del presidente Javier Milei.
El proyecto, que ahora vuelve al Senado para su ratificación tras sufrir cambios durante la discusión, establece que ambas Cámaras del Congreso deberán aprobar expresamente los DNU para que continúen vigentes. Actualmente, solo se requiere la validación de una cámara, lo que permitía al Ejecutivo avanzar con decretos aún frente a minorías parlamentarias.
Aunque el artículo que establecía un plazo de 90 días corridos para que el Congreso se pronunciara sobre los DNU fue rechazado, la reforma mantiene otras restricciones relevantes: cada decreto deberá limitarse a un área específica, evitando decretos generales que abarcan múltiples temas, como el polémico decreto 70/23 de desburocratización del Estado.
Para la oposición, que logró imponer su mayoría en la votación, la reforma representa un freno contundente a la acción presidencial. Diputados de la oposición argumentan que la medida busca “evitar un estado de excepción permanente” y que, sin estos límites, los DNU podrían ser usados de forma abusiva.
Durante la sesión también se abordaron otros temas críticos para la oposición:
La interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la ley de emergencia en discapacidad, cuya implementación carece de asignación presupuestaria. Sectores opositores amenazaron con una moción de censura si Francos no presenta un plan de reasignación de partidas.
El emplazamiento a la Comisión de Presupuesto para fijar un plazo límite al debate del Plan de Ingresos y Gastos 2026, con el objetivo de evitar la prórroga del presupuesto de 2023 por tercer año consecutivo.
Interpelaciones a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, en relación con los audios filtrados de Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El oficialismo celebró que la discusión se prolongue hasta después de las elecciones legislativas del 26 de octubre, lo que podría permitirle recomponer relaciones con gobernadores y ex aliados para frenar la sucesión de reveses parlamentarios. Desde la Casa Rosada trascendió que Milei evalúa un posible veto, ya que la reforma condiciona su margen de acción frente a una minoría parlamentaria.
Diputados opositores recordaron que gobiernos anteriores, incluyendo los de Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Alberto Fernández, utilizaron DNU con mayorías en ambas cámaras, y denunciaron que la reforma busca “inmovilizar al Poder Ejecutivo” por razones políticas. Por su parte, referentes del PRO y la UCR advirtieron que la reforma debería aplicarse desde 2027 para evitar conflictos de gobernabilidad antes de conocer el resultado electoral.
En resumen, la aprobación en Diputados consolida una limitación inédita para un presidente en minoría, obligando al Gobierno a negociar consensos amplios para avanzar con su agenda y postergando la definición final al Senado, con un eventual veto presidencial que podría intervenir después de las elecciones.
