Córdoba dijo basta a los cuidacoches ilegales y el eco llegó a San Juan
La Legislatura cordobesa aprobó la ley que prohíbe cuidacoches informales y limpiavidrios. La medida impacta en todo el país y vuelve a poner el foco en un reciente hecho violento en San Juan.
La Legislatura de Córdoba sancionó este miércoles una ley que prohíbe la actividad de los “naranjitas” no autorizados y de los limpiavidrios en toda la provincia. La norma apunta a eliminar los cobros informales en la vía pública y a otorgar mayor margen de acción a la Policía ante situaciones de abuso o violencia.
El proyecto, que contó con respaldo transversal de distintos bloques políticos, establece una prohibición general de estas actividades, salvo en los casos en que exista una habilitación municipal específica. En ese marco, los cuidacoches solo podrán trabajar si están integrados a sistemas formales, con identificación visible y tarifas reguladas. En cambio, los limpiavidrios quedarán directamente prohibidos.
image
La normativa también endurece las sanciones. Se prevén hasta seis días de arresto para quienes cobren sin autorización, mientras que habrá penas para quienes exijan montos indebidos o actúen fuera de zonas habilitadas. Además, se incorporan agravantes en casos de violencia o intimidación.
Desde el Gobierno cordobés sostienen que la ley busca ordenar el espacio público, pero también responder a una problemática que, en muchos casos, escala a situaciones de conflicto.
El caso en San Juan que volvió a encender la discusión
La medida no pasó desapercibida en San Juan, donde en las últimas horas un episodio de violencia volvió a poner el tema en agenda. Hace apenas 48 horas, un cuidacoches fue condenado tras haber baleado a un joven en las inmediaciones de la cancha de Sportivo Desamparados. El hecho, que se originó en una disputa entre “trapitos” por el control de la zona, terminó con una víctima que no tenía relación directa con el conflicto.
El caso generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes reclamando mayor regulación o incluso la prohibición de esta actividad. En ese contexto, la decisión de Córdoba aparece como un antecedente inmediato que alimenta el debate local.
image
Entre la regulación y la cuestión social
Más allá del endurecimiento normativo, la ley cordobesa incluye un punto sensible: la implementación de programas de inclusión laboral para quienes actualmente dependen de esta actividad. El objetivo es ofrecer alternativas dentro de esquemas formales, como el sistema de estacionamiento medido, aunque su aplicación concreta todavía genera interrogantes.
En paralelo, desde distintos sectores —incluida la Iglesia— advirtieron sobre la necesidad de un abordaje integral que contemple la situación de vulnerabilidad de muchas de estas personas.
image
En concreto, la decisión de Córdoba marca un punto de inflexión: ordena una actividad históricamente tolerada, pero también expone una realidad incómoda. Porque detrás del control hay una demanda social legítima de seguridad, pero también un entramado de informalidad que no desaparece por decreto.
El desafío, entonces, no será solo aplicar la ley, sino evitar que la solución sea parcial: más control en la calle, sí, pero con respuestas de fondo para un problema que mezcla trabajo precario, convivencia urbana y ausencia del Estado.
En San Juan, el reciente hecho violento volvió a exponer una problemática que, hasta ahora, se mueve en una zona gris. La experiencia cordobesa, con un enfoque más restrictivo, aparece ahora como un modelo posible, pero también como un punto de tensión entre control, derechos y realidad social.
