Durante la lectura, que se extendió por cerca de cinco horas, se describió un mecanismo que se apoyó en resoluciones firmadas por el entonces titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti. En ese entramado, los anticipos financieros variaban entre el 10 y el 20% del monto de las obras, o bien se fijaban sumas equivalentes a certificados de obra cuando esos anticipos no se concretaban.
Bajo ese andamiaje, la UIF atribuyó al entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido un rol central en la implementación del sistema desde la cartera ejecutiva que comandaba. En tanto, su número dos, José López, habría sido el encargado de coordinar el esquema y el extitular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, de ejecutarlo. El circuito se completaba con la intervención del financista Ernesto Clarens, señalado como el recaudador del dinero.
Por otra parte, el TOF 7 leyó cargos por la aceptación de dádivas. "Se recibieron pagos ilegales en 175 oportunidades", sostuvo la querella. Según la acusación, los sobornos se habrían pagado entre enero de 2008 y septiembre de 2010 y posteriormente fueron entregados a Daniel Muñoz, fallecido exsecretario privado de Néstor Kirchner. Clarens aportó un archivo de Excel de un listado detallado con fechas y montos de cada una de las entregas.
Para la UIF todo este sistema de recaudación funcionaba de manera "aceitada y piramidal", con Néstor y Cristina Kirchner como destinatarios finales de los fondos ilegales.
