La Justicia finalmente tomó las riendas del calvario que vivió una mujer y sus dos hijos por violencia de género y familiar presuntamente de parte de su expareja. Diego Uñates, el implicado, fue detenido este martes por violar la perimetral que le había ordenado el Primer Juzgado de Familia.
Se trata del caso de la joven maestra jardinera a la que le arrojaron panfletos en la ENI donde trabaja, acusándola de violenta y abusadora. Luego de esto, radicó la denuncia en la comisaría de la Mujer y en el Juzgado de Instrucción de turno para que investiguen el hecho que es falso y que para ella tienen nombre y apellido.
Las sospechas recaen sobre el padre de sus hijos de 9 y 10 años, que tiene una restricción para verlos desde hace un año y desde entonces, fuentes cercanas a la joven manifestaron que no tiene paz.
La perimetral por violencia familiar ordenada en marzo del 2017 y el 3 de mayo de este año mantuvieron la restricción para que el padre no pueda acercarse a 1000 metros a la redonda de donde se encuentre la joven y los niños. Sin embargo, el abogado de la mujer aseguró que en este tiempo hubo varias desobediencias a la restricción impuesta, de hecho, hay 4 denuncias radicadas por la violación de la perimetral.
Finalmente, la causa llegó ayer al Primer Juzgado en lo Correccional, y el juez titular Eduardo Agudo junto a la Oficina de la Mujer del Poder Judicial -dependiente de la Corte de Justicia- encontraron entre los antecedentes la perimetral, lo que le permitió al magistrado mandarlo a detener, por entender que la había incumplido.
El implicado fue detenido por Seguridad Personal en su domicilio tras un allanamiento y quedó alojado en la Central de Policía. Según fuentes del caso, entre sus pertenencias le secuestraron el celular, el cual será sometido a las pericias pertinentes, en búsqueda de evidencia respaldatoria de la acusación.
Se espera que luego de que el magistrado tenga en sus manos los antecedentes del acusado, en los próximos días lo llame a indagatoria para que dé su versión de los hechos y se le informe sobre los delitos que se le endilgan.
Por desobediencia a la restricción perimetral de violencia familiar, el implicado -actualmente está detenido en la Central de Policía- podría pasar de 15 días a un año de prisión. El artículo 239 del Código Penal indica dicha pena para quien resista o desobedezca a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.
