La reunión contó además con la presencia del presidente del INV Carlos Tizio, representantes de la secretaría de agricultura de la Nación, autoridades mendocinas y de numerosas cámaras y asociaciones de la vecina provincia vinculadas a la industria vitivinícola.
Durante el encuentro hubo un consenso unánime: solicitar que el CIU continúe siendo obligatorio, al considerarlo una herramienta esencial para asegurar trazabilidad y ordenamiento de toda la cadena vitivinícola.
En la oportunidad , el ministro Gustavo Fernández, en sintonía con los planteos casi unánimes de los presentes, le expresó al ministro nacional de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el beneplácito por la simplificación haciendo un análisis de los alcances de la normativa eliminada, pero al mismo tiempo marcando los impactos negativos que tendría dejar voluntariamente la emisión del CIU, más aún en el contexto de crisis que vive la industria. “Para asegurar la libertad de mercado necesitamos información y orden, y el CIU obligatorio es una herramienta que da trazabilidad a la producción y protege a los productores que son el eslabón débil de un cadena”, señaló Fernández durante la reunión.
La posición sanjuanina destacó que flexibilizar el sistema restaría un elemento de trazabilidad fundamental y profundizaría asimetrías entre los actores de la industria, afectando especialmente a los pequeños y medianos productores, por lo que su obligatoriedad es importante para preservar el equilibrio y la competitividad del sector vitivinícola.
Todos los actores presentes, tanto de San Juan como de Mendoza, solicitaron mantener la obligatoriedad del CIU y evitar cualquier cambio que pueda afectar la transparencia y la sustentabilidad de la vitivinicultura argentina.
El Ministerio Sturzenegger escuchó las posiciones y sin adelantar o confirmar cambios se comprometió a analizar las sugerencias recibidas.
