Entre los cambios más relevantes, Orrego destacó la precisión sobre el concepto de ambiente periglaciar y la identificación de los distintos tipos de glaciares. “San Juan cuenta con un inventario que permite determinar qué cuerpos de hielo cumplen una función hídrica y cuáles no, lo que aporta mayor claridad para la toma de decisiones”, señaló.
El gobernador también hizo hincapié en la importancia de no confundir la protección de glaciares con la problemática de la emergencia hídrica. En ese contexto, subrayó la necesidad de mejorar el uso del agua en la provincia: “En San Juan tenemos que cuidar el recurso. Contamos con un sistema de más de 3.500 canales y debemos trabajar en su optimización”.
Asimismo, detalló la distribución del consumo hídrico: aproximadamente el 90% del agua se destina a la actividad agrícola, mientras que solo el 4% corresponde al consumo humano y entre un 1,2% y 1,3% a la industria. “Tenemos que avanzar en líneas de crédito y en infraestructura que permitan un uso más eficiente del agua”, indicó.
Qué dice la nueva ley
En relación con la nueva normativa, el Gobierno nacional explicó que se mantiene el objetivo de preservar los glaciares, pero se redefine el alcance de protección. A partir de ahora, estarán estrictamente resguardados aquellos que cumplan una función hídrica comprobada, lo que habilita el desarrollo de actividades productivas en otras áreas.
Además, se otorga a las provincias un rol central en la evaluación y definición de zonas protegidas, mediante estudios técnicos y análisis de impacto ambiental caso por caso. Este cambio responde a reclamos de distritos con fuerte presencia de actividades como la minería.
Por último, la ley incorpora el principio precautorio, estableciendo que todas las geoformas incluidas en el inventario serán consideradas protegidas hasta que se demuestre científicamente que no cumplen funciones hídricas.
