El cambio más significativo es la diferenciación por tipo de actividad y superficie. Para los establecimientos de hasta 300 metros cuadrados que no realicen actividades consideradas de riesgo, el esquema se simplifica radicalmente: a partir de ahora podrán reemplazar los certificados de factibilidad, habitabilidad, bomberos y salud pública por declaraciones juradas técnicas firmadas por profesionales habilitados. En lugar de tramitar cinco documentos por separado ante distintos organismos, alcanzará con la certificación de un profesional matriculado.
Y todo el proceso será íntegramente online.
Para los comercios más pequeños, el cambio es aún más concreto. "Se va a presentar de manera online. La idea es que el contribuyente tenga más simplificada esa parte", explicaron desde el Ministerio de Producción. Eso significa que quien quiera abrir un local, una peluquería o un taller podrá gestionar su habilitación desde una computadora, sin ventanillas ni traslados.
Para las actividades consideradas de mayor complejidad o riesgo —estaciones de servicio, salones de eventos, establecimientos sanitarios, instituciones educativas, industrias o locales que manipulen sustancias inflamables— el proceso mantiene controles más estrictos. Sin embargo, la novedad es que esos controles también se digitalizan y quedan sujetos a plazos definidos. "Van a seguir con un sistema de presentación de certificados, pero de manera digitalizada y con tiempos perentorios de 30 días por cada una de las áreas", precisaron desde el Ejecutivo.
Uno de los puntos más relevantes de la ley es el mecanismo de silencio administrativo positivo. Si el Ejecutivo provincial no resuelve un expediente dentro del plazo máximo de 30 días, el trámite avanza automáticamente sin necesidad de una resolución expresa. Es un cambio de paradigma: ya no es el ciudadano quien espera indefinidamente una respuesta del Estado, sino el Estado el que tiene un plazo para cumplir.
El rol de los municipios
La ley no altera las competencias constitucionales de los municipios, que siguen siendo los responsables de otorgar las habilitaciones comerciales en sus territorios. Lo que cambia es que los trámites provinciales que intervienen en ese proceso quedan unificados en un solo sistema, evitando duplicaciones y dispersión de requisitos.
Además, la normativa invita formalmente a los municipios sanjuaninos a adherirse al sistema para coordinar criterios y resolver uno de los problemas más recurrentes del sector: los procedimientos fragmentados entre organismos provinciales y comunales.
La diputada informante María Rita Lascano sintetizó el objetivo durante el debate: "Este proyecto nace para satisfacer dos necesidades que venía expresando el sector productivo: desburocratizar los procedimientos e incentivar la inversión privada". Por su parte, el diputado Federico Rizo aclaró el alcance institucional: "Simplificar trámites no significa relajar controles, sino controlar mejor, con reglas claras y procedimientos transparentes". Y el diputado Mario Herrero cerró: "La adhesión de los municipios permitirá resolver un problema recurrente y mejorar el funcionamiento del sistema".
Con la aprobación en general y en particular, el proyecto quedó convertido en ley. La siguiente etapa es la reglamentación, que definirá los detalles operativos del nuevo sistema antes de su entrada en vigencia.
