Ley de Glaciares: el gobierno busca apoyo de San Juan y otras provincias mineras
La Casa Rosada analiza una reforma que redefina el área periglacial, un reclamo central de San Juan y otras provincias mineras para destrabar inversiones clave.
El Gobierno nacional resolvió avanzar en febrero con un paquete de reformas que incluyen cambios en la Ley de Glaciares, un tema que las provincias mineras reclaman desde hace años. La decisión se conoció luego de que la Casa Rosada desdoblara de manera informal el temario de sesiones extraordinarias y colocara entre las prioridades una nueva definición del área periglacial.
En el oficialismo ven la jugada como una oportunidad política: el Presidente podría acercarse a los mandatarios de la cordillera —San Juan, Mendoza, Salta, Jujuy y Catamarca— que en conjunto controlan 13 diputados y cuatro senadores. Ese respaldo permitiría al oficialismo avanzar sin costo fiscal y con bajo impacto electoral, en línea con la posición del Gobierno, que no mantiene una agenda ambiental activa.
La reunión Orrego–Santilli y el relanzamiento del reclamo sanjuanino
El debate se reactivó después del encuentro entre el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Allí, Orrego pidió avanzar con definiciones pendientes de la Ley de Glaciares, señalando que la claridad normativa es clave para generar condiciones competitivas y atraer inversiones mineras.
Al finalizar la reunión, el mandatario sanjuanino destacó que el tema volvió a la agenda nacional y planteó que una normativa clara permitiría “llevar adelante una política concreta y seria” para transmitir previsibilidad al sector.
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El movimiento político también impacta en la relación del oficialismo con sus aliados de Pro, con quienes acumula tensiones crecientes. Al mismo tiempo, la Casa Rosada busca fisurar distintos espacios opositores: el PJ, la UCR, Provincias Unidas y bloques provinciales que mantienen posiciones distintas según su realidad territorial.
En ese escenario, los gobernadores del oeste se muestran más abiertos a acompañar una reforma técnica, mientras que otros actores políticos reclaman que se garantice la coparticipación a la Ciudad y la cancelación de deudas pendientes.
Qué se discute: la redefinición del área periglacial
El núcleo del debate es la redefinición del área periglacial, categoría que en la normativa vigente impide actividades industriales en zonas consideradas de valor hídrico. Las provincias sostienen que la falta de precisión desalienta inversiones y genera superposición entre la autoridad nacional y las jurisdicciones locales.
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San Juan es el caso más visible. Posee la mayor cantidad de glaciares y zonas periglaciales del país, además de seis proyectos de cobre en diferentes etapas de avance. Cuatro de ellos podrían generar inversiones por US$30.000 millones y unos 40.000 empleos directos entre 2026 y 2031, según estimaciones oficiales.
El ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, afirma que el problema no es el espíritu de la ley, sino la ambigüedad de sus definiciones. Según advirtió, muchas formaciones registradas no cumplen una función hídrica relevante y deberían diferenciarse para garantizar seguridad jurídica. “Nadie pretende dejar de proteger los glaciares”, remarcó.
En la misma línea, especialistas del sector plantean que el eje será técnico: determinar cuándo un recurso aporta de manera significativa a una cuenca hídrica y cómo definir ese umbral. En el norte, provincias como Salta, Jujuy y Catamarca sostienen el mismo reclamo.
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El texto original de la Ley Bases ya incluía una modificación a la Ley de Glaciares, con el objetivo de habilitar actividad económica en el ambiente periglacial bajo control ambiental. Ese artículo fue retirado, pero el Gobierno evalúa insistir con una nueva norma que precise el alcance de la protección.
En San Juan, sin embargo, la prioridad es una reglamentación que brinde certidumbre inmediata a los inversores, sin reabrir un debate que —según fuentes locales— ya cuenta con licencia social y acuerdos técnicos dentro de la provincia.
La superposición entre la potestad provincial sobre los recursos naturales y los presupuestos mínimos ambientales nacionales mantiene paralizadas autorizaciones y genera incertidumbre en las empresas. El Ianigla, organismo que elaboró el inventario de glaciares, confirmó que aún no recibió notificaciones oficiales sobre un eventual cambio normativo.
En la Casa Rosada aseguran que “hay consenso para dar la discusión” y que las condiciones políticas están dadas. El debate promete convertirse en un eje central del vínculo entre Nación y las provincias mineras en el arranque del año legislativo.
