El conflicto se hizo público cuando el Colegio presentó la documentación contable correspondiente al período junio de 2025 a mayo de 2026, en el marco de su Asamblea Anual Ordinaria. El expediente incluyó un informe final de las revisoras de cuentas que introdujo cuestionamientos serios a la gestión de la Junta Directiva, encabezada por la licenciada Melisa Rodríguez Gómez.
Entre las observaciones más relevantes, el informe mencionó un faltante de $1.600.000 detectado tras la asunción de la nueva conducción —denuncia que, según trascendió, habría sido desestimada por el Ministerio Público Fiscal por falta de pruebas y por haberse presentado contra autores desconocidos—, pagos realizados sin factura oficial por distintos conceptos, una inversión de $20.000.000 en un fondo común de inversión del Banco Santander sin autorización asamblearia, y la baja de la afiliación a la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA) durante diez meses sin que esa decisión pasara por la Asamblea.
Las revisoras también denunciaron haber enfrentado obstáculos para ejercer su tarea de control: restricciones para acceder a documentación, cartas documento y actuaciones disciplinarias que, a su entender, buscaban limitar su función de fiscalización.
La respuesta de la Junta Directiva: "Datos erróneos, inexactos y tendenciosos"
La conducción saliente no se quedó callada. A través de un extenso comunicado oficial, calificó la información difundida sobre su gestión como "errónea, inexacta y tendenciosa" y defendió punto por punto las decisiones cuestionadas.
Sostuvo que al asumir se encontró con deudas previamente contraídas que fueron informadas en su momento a las autoridades salientes y a las revisoras, y que la relación con estas últimas estuvo marcada por dificultades de comunicación que obligaron incluso al envío de notificaciones formales y cartas notariales.
La Junta también defendió la moratoria implementada desde Tesorería, que según su comunicado permitió regularizar la situación de más de 400 profesionales que estaban inhabilitados por incumplimientos matriculares.
Y fue específica respecto al balance cuestionado: aseguró que su gestión cerró con un superávit superior a los $120.000.000, en contraste con un déficit cercano a los $19.000.000 que, según afirmaron, había dejado la gestión anterior y que en su momento fue aprobado sin objeciones. "Esta contradicción evidencia una postura selectiva y tendenciosa que poco tiene que ver con el análisis técnico y objetivo de la documentación contable", sostuvo el texto.
El comunicado fue más allá y apuntó directamente contra el sector que impulsó los cuestionamientos, al que describió como un grupo minoritario de profesionales que en muchos casos "estuvieron previamente inhabilitados por incumplimientos matriculares", perciben honorarios por debajo de los mínimos sugeridos y registran antecedentes ante el Tribunal de Disciplina. La Junta calificó como "hostiles y violentas" las conductas de ese sector durante el desarrollo de la Asamblea.
La tensión entre las partes escaló a un terreno personal. En un audio difundido públicamente, la entonces presidenta Melisa Rodríguez Gómez fundamentó la renuncia de su gestión en términos duros: "Debido a situaciones de presión, hostigamiento y violencia psicológica tomamos la determinación de presentar nuestra renuncia. No solo hemos sido víctimas de calumnias e injurias sino también de acciones de coerción que serán tratados en los ámbitos correspondientes", sostuvo.
Este medio pudo verificar que entre las acusaciones cruzadas que circularon en el ambiente de matriculados se mencionaron señalamientos sobre la difusión de información sensible vinculada a la vida personal y de salud de algunos de los implicados, así como denuncias mutuas de difamación. Se trata de acusaciones que las partes se realizaron entre sí en el marco de la disputa institucional, y que esta redacción consigna sin poder verificar su veracidad de manera independiente, dado que no constan en los comunicados oficiales emitidos por ninguna de las dos partes.
Ante este escenario, la Junta Directiva había anticipado su renuncia y convocado a una Asamblea Extraordinaria para el lunes 22 de junio, según consta en el edicto firmado por la propia Rodríguez Gómez como presidenta. El temario incluía siete puntos, entre ellos el descargo institucional de la conducción, el cambio de denominación de la entidad, la conformación de una comisión revisora del Código de Ética y el tratamiento formal de la renuncia presentada.
Sin embargo, la Asamblea fue un paso más allá de lo que la propia Junta había planteado. Los matriculados presentes rechazaron la renuncia y resolvieron directamente la destitución de toda la conducción, en una reunión que, según múltiples fuentes consultadas, estuvo marcada por gritos, cruces y momentos de alta tensión.
El recambio: quiénes integran la comisión normalizadora
Tras la destitución, la Asamblea aprobó la conformación de una comisión normalizadora que tendrá a su cargo la conducción transitoria del Colegio durante aproximadamente tres meses. La comisión está presidida por Irma María Bracco, con Patricia Parra en la Secretaría General y Verónica Kenan junto a Belén Seva en la Tesorería. Las secretarías quedaron integradas por Lucas Quiroga, Carolina Videla y Rubén Acuña, mientras que Virginia Galdeano y Alejandra Godoy fueron designadas como suplentes.
Todos los integrantes fueron elegidos por voluntad de los propios asambleístas. Durante su mandato transitorio deberán interiorizarse de la documentación existente, analizar en profundidad la situación administrativa de la entidad y generar las condiciones necesarias para convocar a una nueva elección de autoridades. El Colegio también informó que la licenciada Gemma Galván —ex presidenta de la institución y tesorera saliente— se comprometió ante la Asamblea a acompañar a la nueva conducción para garantizar una transición ordenada.
Como antecedente paralelo, también trascendió que durante 2025 el Colegio había decidido prescindir del control de Personería Jurídica. La institución, creada por la Ley Provincial 5436, tiene la particularidad de funcionar como persona de derecho público y puede autorregularse sin estar obligada a sometérse a ese organismo de contralor externo. Sin embargo, distintas fuentes consultadas por este medio coinciden en que la ausencia de esa supervisión habría contribuido a profundizar los problemas administrativos hoy bajo discusión.
Una crisis que interpela al propio rol del Colegio
Más allá de los números, las acusaciones y los comunicados, esta crisis deja una pregunta que excede lo administrativo. El Colegio de Psicólogos no es una entidad más: es el organismo que matricula, regula y da garantías éticas sobre quienes ejercen una profesión directamente vinculada al cuidado de la salud mental de la comunidad.
Cuando esa misma institución queda atravesada por denuncias de manejo opaco de fondos, acusaciones de hostigamiento entre sus propios integrantes y señalamientos sobre el uso de información sensible en una disputa interna, lo que se pone en juego no es solo la gobernanza de una entidad profesional, sino la confianza pública en quien debe velar por el ejercicio ético de una profesión que trabaja, todos los días, con la intimidad y la vulnerabilidad de miles de pacientes.
La comisión normalizadora tiene ahora la tarea doble de ordenar lo administrativo y, al mismo tiempo, reconstruir algo más difícil de medir: la credibilidad de una institución que, paradójicamente, existe para garantizar que quienes cuidan la salud mental de los demás lo hagan dentro de un marco de transparencia y ética profesional.
Por Gabriel Rotter.
