"
San Juan 8 > San Juan > reforma

Con presencia de San Juan, avanza la reforma histórica de la Ley 14.878

Representantes de San Juan, Mendoza y entidades del sector acordaron actualizar la Ley 14.878 para redefinir el rol del INV y reforzar el control de la autenticidad del producto. La reforma busca modernizar un marco legal vigente desde hace más de seis década.

En una reunión decisiva encabezada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), las provincias productoras y las principales cámaras del sector avanzaron en la tan esperada reforma de la Ley 14.878, pilar histórico que regula la actividad vitivinícola en Argentina.

El encuentro fue convocado para discutir los alcances del decreto de desregulación que convirtió al INV en una unidad organizativa bajo la órbita de Agricultura, limitando su función al control del producto terminado y eliminando su rol histórico en la fiscalización de todas las etapas del proceso productivo.

Participaron figuras clave como los ministros de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, y de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, junto a referentes de entidades como COVIAR, Bodegas de Argentina, CAFEM, ACOVI y la Cámara de Trasladistas. Todos coincidieron en que era necesario modernizar la ley para adaptarse a los nuevos desafíos del sector.

Te puede interesar...

INV: Del control estricto a una nueva lógica

Cabe recordar que el cambio fue anunciado el 8 de julio por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, como parte del paquete de reformas que impulsa el presidente Javier Milei. La modificación central es que el INV dejará de fiscalizar obligatoriamente etapas como la cosecha, la elaboración, el fraccionamiento y el transporte del vino.

Ahora, el foco estará puesto únicamente en el producto listo para su comercialización, en góndola o en planchada de bodega, para verificar que no esté adulterado ni manipulado.

La transformación apunta a resolver un reclamo histórico de buena parte del sector. Según confirmaron desde distintas bodegas consultadas por Los Andes, las exigencias del INV imponían una carga burocrática “paralizante”, que obligaba a destinar personal específico solo para cumplir con los requerimientos del organismo.

Además, se señalaban dificultades para innovar, experimentar o registrar variedades nuevas por el nivel de reglamentarismo.