De acuerdo con la documentación presentada, el plan prevé una inversión total en activos computables de u$s519.647.635, superando ampliamente el monto mínimo exigido por el RIGI. En los primeros dos años desde la adhesión, la empresa deberá ejecutar u$s90,6 millones, equivalentes a más del 40% del compromiso mínimo, con desembolsos de u$s46,7 millones el primer año y u$s43,8 millones el segundo.
Uno de los puntos destacados del proyecto es el alto nivel de participación de proveedores locales: el plan de desarrollo presentado establece que el 69% del monto destinado a bienes, obras y servicios durante las etapas de construcción y operación corresponderá a proveedores nacionales, muy por encima del 20% exigido por la normativa.
La Secretaría de Minería y Comité RIGI avalaron la viabilidad técnica del proyecto
La Secretaría de Minería del Ministerio de Economía, junto con la Dirección Nacional de Inversiones Mineras, evaluó la factibilidad técnica del proyecto y concluyó que cumple con los requisitos y objetivos del RIGI, recomendación que luego fue avalada por el Comité Evaluador de Proyectos RIGI, que aprobó la iniciativa en su reunión del 23 de diciembre de 2025.
En materia cambiaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) analizó el proyecto y determinó que no presenta observaciones, al considerar que no genera distorsiones en el mercado cambiario local. De este modo, la empresa podrá acceder a los incentivos cambiarios previstos en el régimen.
La resolución también establece que la fecha de adhesión formal al RIGI y de adquisición de derechos es el 27 de noviembre de 2025, mientras que el plazo máximo para cumplir con la inversión mínima total fue fijado para el 31 de diciembre de 2028.
La Secretaría de Minería y el Comité Evaluador RIGI concluyeron que el proyecto cumple con los requisitos técnicos y económicos del régimen.
Además, se autorizó a MASA-SD a importar mercaderías bajo franquicia aduanera, se instruyó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a otorgar una CUIT especial para el proyecto, y se aceptó la opción de la empresa de resolver eventuales disputas mediante arbitraje internacional, incluyendo el CIADI, tal como lo prevé la ley.
La Secretaría de Minería quedará a cargo de la fiscalización y control del cumplimiento de las obligaciones asumidas bajo el RIGI, en un proyecto que el Gobierno considera clave para impulsar inversiones de gran escala, exportaciones y empleo en el sector minero argentino.
