Siempre según el relato de la denunciante, una vez en el lugar el hombre la obligó a ingresar al baño de la habitación, donde habría concretado el abuso sexual con acceso carnal. Tras el episodio, la joven logró salir en estado de shock y dio aviso a los efectivos policiales encargados de su custodia.
A partir de ese momento se activaron los protocolos correspondientes, con intervención del personal médico del hospital y de la Unidad Fiscal de Investigaciones CAVIG, especializada en delitos de violencia de género.
Si bien la denuncia formal no se realizó de inmediato debido al estado emocional de la víctima, días después pudo concretarse con acompañamiento profesional. Esa instancia permitió avanzar en la causa y derivó en la detención del sospechoso.
En la audiencia judicial, la fiscalía imputó al acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal. Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías Flavia Allende resolvió formalizar la imputación, pero no dispuso su traslado a un penal común.
La decisión se fundamentó en la necesidad de evaluar la capacidad cognitiva del imputado, dado su estado de salud mental. Por ello, se ordenó la conformación de una junta interdisciplinaria integrada por psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, que deberá determinar si el acusado comprende la criminalidad de sus actos.
Como medidas preventivas, la Justicia dispuso la prohibición absoluta de contacto con la víctima y un monitoreo permanente del imputado, quien continuará internado bajo estricta supervisión en un centro de salud distinto al lugar donde ocurrió el hecho.
El caso abrió interrogantes sobre los protocolos de seguridad y control dentro del área de salud mental del hospital, especialmente en situaciones donde conviven pacientes con distintos regímenes de internación y niveles de restricción.
