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Abusó de una adolescente y ahora enfrenta otra causa por la misma víctima

Tras recibir una condena condicional por hechos de abuso y violencia contra una adolescente, Muñoz volvió a ser imputado por otro presunto ataque contra ella. Este jueves, la Justicia extendió su prisión preventiva.

La historia judicial de Axel Muñoz comenzó en febrero de 2024, cuando una adolescente de 14 años denunció haber sido atacada por él. Según se reconstruyó en aquella investigación, el joven la interceptó cuando salía de la escuela, la agredió y la hirió con un cuchillo.

La causa también reunió denuncias por abuso sexual, exhibiciones obscenas y desobediencia a una orden judicial. Más adelante se sumaron otros episodios de violencia y amenazas contra la menor y su familia.

Por esos hechos, el 1 de abril de 2025, Muñoz fue condenado a tres años de prisión condicional por abuso sexual simple, lesiones leves, exhibiciones obscenas y desobediencia a una orden judicial. La pena fue menor a los 10 años que había solicitado la Fiscalía y, al ser de ejecución condicional, no implicó que el joven fuera enviado a prisión.

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Sin embargo, la situación volvió a complicarse cuando el Ministerio Público Fiscal abrió una nueva investigación por un presunto ataque sexual contra la misma adolescente.

En este segundo expediente, Muñoz está imputado por abuso sexual simple agravado por la participación de dos o más personas y por mediar violencia, en concurso real con lesiones.

La hipótesis fiscal sostiene que habría intimidado a la víctima con un arma blanca y que habría actuado acompañado por otros sujetos.

Este jueves, esa causa tuvo un nuevo capítulo en los tribunales sanjuaninos. La defensora Paola Miers pidió que se declararan nulas distintas actuaciones de la investigación y solicitó apartar al fiscal Duilio Ejarque, de la UFI ANIVI.

Entre sus argumentos, sostuvo que no había sido notificada de las medidas probatorias realizadas y cuestionó la objetividad del funcionario porque también había intervenido en el primer expediente contra Muñoz.

La respuesta de la Fiscalía, representada en la audiencia por la ayudante fiscal Agustina Cerdera, fue que las diligencias sí habían sido comunicadas a la defensa. Para respaldarlo, presentó las actas de notificación correspondientes. Frente a esa documentación, Miers explicó que no había recibido los avisos debido a un cambio en su correo electrónico.

El juez de Garantías Pablo Leonardo León rechazó los planteos. Le señaló a la defensora que es responsabilidad de cada parte informar a la Oficina Judicial cualquier modificación en sus datos de contacto y consideró que el argumento presentado no justificaba anular las actuaciones ni apartar al fiscal.

La discusión continuó cuando la defensa anticipó que también cuestionaría una inspección ocular que la Fiscalía tiene previsto realizar en el lugar donde habrían ocurrido los nuevos hechos.

El magistrado le aclaró que no correspondía plantear la nulidad de una medida que todavía no se había concretado.

Con esos pedidos rechazados, la ayudante fiscal solicitó extender la prisión preventiva de Muñoz. El juez hizo lugar al requerimiento y dispuso que continúe detenido por otros 30 días, período en el que la Fiscalía buscará avanzar con la inspección ocular y reunir nuevas pruebas. La diligencia deberá realizarse con la participación de las partes.

La defensa, por su parte, mantuvo su postura y sostuvo que Muñoz es inocente y que no tuvo participación en el nuevo hecho que se le atribuye. La investigación continúa abierta y la acusación todavía deberá ser respaldada con elementos probatorios.

El joven también había sido investigado en septiembre de 2025 por tres amenazas de bomba realizadas durante días consecutivos contra la Escuela Ejército de los Andes, en Rawson.

Los llamados provocaron evacuaciones y operativos de seguridad en el establecimiento.

En esa causa se realizaron allanamientos y se secuestraron teléfonos celulares para peritajes, pero posteriormente el fiscal Alejandro Mattar solicitó su sobreseimiento al considerar que no había pruebas suficientes para atribuirle la autoría de las amenazas, que habrían sido realizadas por un menor de edad.