Esta iniciativa responde a la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias que tiene el gremio con el Gobierno Nacional y a la defensa del presupuesto asignado para el funcionamiento y la investigación de las casas de altos estudios.
La gestión de Milei mantiene una postura de incumplimiento respecto a la Ley de Financiamiento Universitario, con el argumento de la falta de previsión presupuestaria y del impacto fiscal que supuestamente sería negativo.
Luego de ser aprobada por el Congreso y ratificada por los dos tercios de ambas cámaras que anularon el veto presidencial inicial, el Ejecutivo promulgó la ley a través del Decreto 759/2025, pero supeditó su aplicación a que el Parlamento determinara cuáles eran las fuentes de financiamiento y se asignaran las partidas en el Presupuesto.
Sin embargo, la Justicia declaró inconstitucional el decreto del Ejecutivo que frena la aplicación de la ley y ordenó su cumplimiento inmediato para la actualización salarial de docentes y nodocentes, además del refuerzo de becas estudiantiles.
A pesar de los fallos en contra por parte del Fuero Contencioso Administrativo, el Gobierno Nacional presentó recursos de apelación para no aplicar la norma.
FUENTE: Agencia NA
