Además, solicitaron la eliminación de la tobillera electrónica que monitorea el cumplimiento de la medida. Los defensores argumentaron que las limitaciones afectan el derecho de la expresidenta a mantener una vida familiar y social adecuada, y señalaron que Kirchner requiere reuniones frecuentes con contadores y apoderados para gestionar asuntos administrativos diarios.
Por su parte, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes previamente apelaron la prisión domiciliaria, consideraron que esta medida constituye un “privilegio” y vulnera el principio de igualdad ante la ley. Según los fiscales, la condena por un caso grave de corrupción pública debería cumplirse en un establecimiento penitenciario, ya que no se justifican razones humanitarias ni de salud para otorgar la domiciliaria.
Citaron un informe socioambiental del 12 de junio que indica que Cristina Kirchner se encuentra en buen estado de salud, lo que, a su juicio, no respalda la necesidad de una excepción al cumplimiento de la pena en una cárcel.