Los nuevos planteos internos responden también a que el Gobierno quiere que las provincias acompañen la reforma tributaria con una baja de Ingresos Brutos y tasas municipales en los distritos. En el equipo económico reconocen que están “justos” con el superávit y que una baja de impuestos sin respaldo en mayor actividad implicaría incurrir en déficit fiscal. Es por eso que también descartan en el corto plazo una reducción de retenciones.
Según los datos oficiales, la recaudación tributaria alcanzó $16.231.830 millones, con una suba interanual nominal de 20,1%. Al desagregar, el IVA -principal termómetro del consumo- creció 13,7%, con una caída de 16,1% en su componente aduanero, lo que refleja debilidad en el comercio exterior y la demanda. “No nos sobra nada”, agregan.
El Gobierno identifica sectores críticos que explican la cautela. Según admiten fuentes oficiales, el consumo masivo y la industria manufacturera son los que más preocupan. Datos recientes muestran que el consumo sigue débil -con caídas interanuales en supermercados y ventas minoristas- y que la industria atraviesa una recuperación heterogénea, con mejoras mensuales pero retrocesos en la comparación anual.
La oposición y los gobernadores advierten en paralelo sobre el deterioro de las finanzas provinciales. Señalan que la caída de los recursos coparticipables y de las transferencias nacionales tensiona las cuentas locales y complica la negociación salarial en distritos clave. En ese marco, algunos mandatarios y sectores del oficialismo impulsan la idea de un nuevo pacto fiscal.
En la Casa Rosada insisten en que la discusión tributaria se retomará recién cuando haya señales de recuperación. En Balcarce 50 apuestan a que el repunte de sectores como agro, energía y exportaciones traccione al resto de la economía y mejore la recaudación en los próximos meses. El calendario legislativo avanzará mientras con reformas penales y de propiedad privada, sin incluir por ahora cambios impositivos estructurales.
