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Obra pública, minería y reforma electoral: se reordena el tablero en diputados

La aprobación del financiamiento por hasta USD 600 millones dejó algo más que una ley: expuso estrategias, tensó la relación con la oposición y abrió el camino a una batería de reformas que llegarán en las próximas semanas.

La sesión que habilitó al Gobierno provincial a buscar financiamiento internacional por hasta 600 millones de dólares para obras de infraestructura no sólo dejó un resultado legislativo favorable para el oficialismo. También expuso el escenario político que atraviesa San Juan, con un Gobierno decidido a acelerar su plan de gestión, una oposición que endureció sus cuestionamientos y una agenda legislativa que promete nuevos debates de alto voltaje.

Aunque el centro formal de la discusión fue el endeudamiento destinado a viviendas, rutas, obras hídricas, saneamiento, infraestructura energética y educativa, el verdadero trasfondo estuvo en la disputa sobre el modelo de provincia que se busca construir en los próximos años y en la forma de financiarlo.

El oficialismo logró una amplia mayoría para aprobar la iniciativa y aprovechó la jornada para instalar un mensaje claro: que la Provincia necesita prepararse para el crecimiento que proyecta con el desarrollo minero y la llegada de inversiones.

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En esa línea, el vicegobernador Fabián Martín defendió el proyecto como una herramienta para generar empleo y mejorar la infraestructura provincial. "Se va a generar alrededor de 5.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Por lo tanto, esto es una muy buena noticia para San Juan", sostuvo.

Pero además de celebrar la aprobación de la ley, Martín dejó otro dato político relevante. Anunció que en los próximos días ingresarán proyectos considerados estratégicos para la gestión de Marcelo Orrego.

"Van a ingresar proyectos que se están trabajando en borrador como el nuevo Código Electoral, la Boleta Única Papel y el Desarrollo Minero. Ya les manifesté a los presidentes de cada bloque para que se le pueda dar la mayor velocidad posible al estudio y tratamiento de estos proyectos", adelantó.

La declaración no pasó desapercibida porque marca el inicio de una nueva etapa legislativa que podría generar discusiones tan intensas como la que se vivió por el financiamiento externo.

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La presencia de Marcelo Orrego en el recinto fue otro de los hechos políticos destacados de la jornada. No es habitual que un gobernador siga personalmente el tratamiento de una ley desde la Legislatura y su asistencia fue interpretada como una señal de respaldo absoluto a un proyecto que considera central para su gestión.

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Tras la aprobación, el mandatario defendió el rumbo económico elegido y vinculó la iniciativa con la necesidad de preparar a San Juan para los cambios que se avecinan.

"San Juan tiene que estar preparada", afirmó. Y agregó: "La ley nos da la posibilidad de estar en las circunstancias y a la altura de los nuevos tiempos que vienen para San Juan".

Sin embargo, el momento más picante llegó cuando apuntó directamente contra los legisladores justicialistas que votaron en contra. "A veces no puedo creer que algunos diputados, sobre todo del peronismo, voten en contra de la obra pública y del crecimiento de San Juan. Parece que están más animados en ver cómo hacen para volver que en cómo mejorar la vida de los sanjuaninos", disparó.

El peronismo mantuvo una posición crítica durante todo el tratamiento. Los cuestionamientos giraron principalmente en torno a la falta de precisión sobre las obras que serán financiadas y a la velocidad con que avanzó el proyecto en la Cámara.

La tensión quedó reflejada incluso fuera del debate parlamentario, cuando varios intendentes justicialistas decidieron retirarse del recinto antes de la votación final en señal de malestar. Más allá de la derrota legislativa, la oposición dejó planteado un interrogante que seguramente seguirá presente en los próximos meses: cómo se controlará el destino de los fondos y cuáles serán las prioridades concretas dentro del plan de infraestructura.

Uno de los movimientos políticos más comentados fue el del diputado justicialista Eduardo Cabello. El legislador se desmarcó de la postura mayoritaria de su bloque y acompañó el proyecto oficialista.

La explicación estuvo vinculada a la situación que atraviesa la construcción. "Representé al sector de los trabajadores", explicó. Y agregó: "Existen obras que no se pueden seguir, empresas que piensan en cerrar y coinciden en que este proyecto es bueno".Su voto fue leído como una señal de que el debate sobre la obra pública atraviesa incluso a sectores tradicionalmente enfrentados con el oficialismo.

Lo que viene

Con la ley ya aprobada, el Gobierno deberá avanzar en la autorización nacional, la estructuración financiera y la búsqueda de condiciones favorables en los mercados internacionales. Pero políticamente, la atención ya comienza a trasladarse hacia los próximos proyectos.

La reforma electoral, la implementación de la Boleta Única Papel, la eliminación del SIPAD y las iniciativas vinculadas al desarrollo minero aparecen como los nuevos ejes de discusión.

La sesión dejó en claro que el oficialismo pretende acelerar esa agenda aprovechando la mayoría construida en torno al financiamiento. Del otro lado, la oposición mostró que está dispuesta a dar pelea y cuestionar cada paso.

La ley de los 600 millones de dólares terminó aprobándose sin sobresaltos. Sin embargo, lo más importante de la jornada quizá no fue la votación en sí, sino la señal política que dejó: el Gobierno decidió avanzar, la oposición eligió confrontar y la Legislatura se encamina hacia meses de debates que prometen ser mucho más intensos que una discusión sobre números y financiamiento.