Además, incluye una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano, un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento y un fondo extraordinario de 50.000 millones de pesos para los hospitales universitarios.
También se planteó la creación de una comisión técnica para revisar reclamos salariales pendientes desde 2024 y la apertura de instancias paritarias trimestrales para monitorear la evolución de los ingresos frente a la inflación.
El punto que frenó el acuerdo
A pesar de los avances económicos, las universidades mantuvieron una postura firme respecto a la estrategia judicial.
La demanda presentada ante la Corte Suprema busca que el Estado nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso, una norma que establece actualizaciones automáticas de salarios y partidas presupuestarias de acuerdo con la inflación.
Desde el Ejecutivo consideran que la aplicación plena de esa ley tendría un costo cercano a los 2,5 billones de pesos y pondría en riesgo el objetivo central del programa económico de Javier Milei: el superávit fiscal.
Por ese motivo, la continuidad de la acción judicial se transformó en una condición excluyente para avanzar en un acuerdo. En el ámbito universitario, en cambio, sostienen que retirar la demanda implicaría resignar la principal herramienta institucional para garantizar el cumplimiento de la norma.
Una tregua sin resolución
Tras el encuentro, el conflicto quedó en una especie de pausa. Las partes reconocen que existieron avances concretos en materia presupuestaria, pero la disputa de fondo continúa abierta. Mientras el Gobierno espera una respuesta formal del CIN, los rectores analizan la oferta económica sin abandonar la vía judicial.
El resultado es un escenario de tregua transitoria: la negociación sigue abierta, pero el diferendo por la Ley de Financiamiento Universitario permanece bajo la órbita de la Corte Suprema y continúa siendo el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo definitivo.
