El debate por las inversiones, la gestión provincial y la reactivación de viejas causas judiciales en el foco de la escena nacional.
La Rioja se ha posicionado firmemente en la vereda opuesta a esta iniciativa, a diferencia de vecinas como Catamarca y San Juan, que ya proyectan inversiones mineras y de infraestructura que oscilan entre los USD 200 y USD 2.000 millones.
Para el ministro Caputo, la resistencia de Quintela a adherir a este marco legal constituye un golpe directo al bienestar de los riojanos: "Mejor que amenazar cual matón de barrio, dedíquese a gobernar bien su provincia que, por su culpa, es un verdadero desastre. Por ejemplo, por no adherir al RIGI está privando a los riojanos de más empleo, recursos y mejores salarios", disparó el funcionario nacional a través de su cuenta en la plataforma X.
Por su parte, Quintela justificó su rechazo al régimen argumentando que representa "una entrega total de la riqueza" del país. Según el mandatario provincial, el modelo propuesto por el Poder Ejecutivo nacional beneficia exclusivamente a corporaciones extranjeras y a un sector minoritario de la Argentina, dejando escaso margen de ganancia para los distritos locales.
La disputa dialéctica escaló tras las declaraciones de Quintela en una reciente entrevista, donde cargó contra la idoneidad del equipo económico de Javier Milei. El gobernador riojano acusó a los funcionarios nacionales de "no conocer la Argentina profunda" por falta de territorio y de gobernar de espaldas a las economías regionales.
En ese contexto, Quintela elevó la apuesta con una advertencia directa hacia la figura de Caputo: "Lo vamos a investigar a él también cuando lleguemos al poder nosotros. Vamos a hacer lo que nunca hicimos, que es investigar qué sucedió en esta gestión. Por eso, los inversores tienen que tener cuidado".
Estas palabras profundizaron el malestar en el Palacio de Hacienda, donde leyeron la declaración como un intento de amedrentamiento hacia los mercados internacionales y hacia la propia figura del ministro.
Como respuesta a la advertencia del riojano, el ministro de Economía sacó a relucir una de las acusaciones más polémicas que enfrentó su entorno familiar en el pasado: la supuesta vinculación de la empresa Caputo Hermanos con el intento de magnicidio a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2022.
"Tuvieron que inventar entonces que mi familia había atentado contra la vicepresidente", replicó Caputo, aludiendo al uso de la estructura estatal con fines de persecución política durante la gestión anterior.
