El prófugo más buscado es “Pequeño J”, presunto cabecilla de la organización, acusado de ordenar el crimen al sospechar que una de las víctimas le había robado droga. Sin embargo, su verdadera identidad está bajo debate: familiares de las jóvenes aseguran que la documentación difundida con su nombre podría haber sido adulterada con inteligencia artificial.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, afirmó que el caso está ligado a una red de narcotráfico dedicada a la venta de “tusi” que intentaba expandirse desde la Villa 1-11-14 y Barracas hacia el conurbano sur. “El búnker fue tomado a sangre y fuego, lo usurparon. Tenían un grupo de chicas adolescentes reclutadas y hasta habría un video de la ejecución”, advirtió.
La investigación se apoya en inteligencia criminal, análisis de antenas de telefonía, cámaras de seguridad y testimonios vecinales que vinculan a la organización con la venta de drogas en la zona. La Justicia sigue recolectando pruebas y trabaja en la captura internacional de Matías Agustín Ozorio (23) y de otros cuatro sospechosos prófugos.
El crimen, que conmovió a todo el país, expuso una trama de violencia narco, explotación juvenil y femicidio que va más allá del hecho puntual: la posible consolidación de una estructura criminal que busca controlar territorios en el conurbano bonaerense.
