El costo fiscal de la reforma laboral se lleva hasta el 25% del superávit
Tras los cambios del Senado, la ley de reforma laboral implicaría una rebaja de ingresos equivalente al 0,47% del PBI y abre una nueva discusión en Diputados.
La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional abrió una nueva etapa de debate político y económico luego de su aprobación en el Senado de la Nación Argentina. La iniciativa, que ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, quedó en el centro de la escena por dos ejes principales: la negociación de artículos polémicos y su impacto en las cuentas públicas.
Uno de los puntos más cuestionados es el referido a las licencias médicas, incorporado en las etapas finales del debate legislativo. Distintos sectores consideran que se trató de una inclusión tardía y sin consenso previo, que obligó al oficialismo a dar explicaciones sobre una norma que no formaba parte del proyecto original.
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En ese marco, referentes parlamentarios de distintos espacios ya adelantaron que no acompañarán el texto en su versión actual, lo que abre la puerta a modificaciones durante el tratamiento en Diputados. La expectativa está puesta en una eventual revisión de este artículo para destrabar apoyos y facilitar su aprobación definitiva.
Más allá del plano político, la reforma también genera preocupación por su costo fiscal. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal estimó que, tras los cambios introducidos en el Senado, el impacto directo inicial sería de 0,47% del PBI anual, lo que equivale a unos USD 2.300 millones para 2026.
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Ese monto representa una porción significativa del esquema macroeconómico previsto para el próximo año, especialmente en un contexto donde el Gobierno proyecta un superávit primario del 1,5%. Según el análisis, el costo de la reforma podría absorber entre el 20% y el 30% del excedente fiscal planificado, reduciendo el margen de maniobra financiera.
El cálculo contempla, además, la reducción de impuestos y el funcionamiento del Fondo de Asistencia Laboral, lo que implica una merma en los ingresos del Estado nacional. Desde el ámbito técnico advierten que esa pérdida deberá ser compensada por otras vías para sostener el equilibrio fiscal.
Otro aspecto en discusión es el esquema de pagos a través de billeteras virtuales, que podría resolverse mediante una regulación específica del Banco Central de la República Argentina. Este punto también forma parte de las negociaciones abiertas en torno a la norma.
En ese escenario, el proyecto aparece como una ley aún en construcción, atravesada por tensiones políticas, ajustes técnicos y debates sobre su sustentabilidad económica. El resultado final dependerá del consenso que logre el oficialismo en Diputados y de su capacidad para corregir los puntos más resistidos.
