Desde la dirección señalaron que los importes y su clasificación podían haber sufrido modificaciones por errores involuntarios en la carga realizada por los prestadores.
La auditoría abarcó distintos aspectos de la administración de la Andis: pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, empleados y declaraciones juradas. También señaló que parte de los compromisos relevados no había atravesado los controles administrativos establecidos.
Cuestionamientos a los mecanismos de pago
Otro de los puntos observados fue el uso del mecanismo de legítimo abono, una figura que permite cancelar bienes o servicios que ya fueron entregados o prestados sin que previamente hayan atravesado los procedimientos ordinarios de contratación.
Según el informe, hasta la fecha de corte la Andis continuaba utilizando ese mecanismo y solamente se habían iniciado seis procedimientos de compra relacionados con esos servicios.
Los auditores no pudieron identificar cuáles fueron concretamente los pagos realizados bajo la figura de legítimo abono. Sin embargo, el relevamiento estableció que los prestadores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025.
La situación se suma al análisis judicial que alcanza a la Dnass en una causa a cargo del fiscal Franco Picardi, donde se investiga un presunto esquema de fraude y posibles coimas de hasta el 20%. Según la acusación citada por LA NACION, los procesos de compra bajo investigación habrían presentado sobreprecios y deficiencias administrativas.
La auditoría, por sí misma, expone diferencias y observaciones sobre los registros y procedimientos de la ex Andis, mientras que las eventuales responsabilidades penales deberán determinarse en el marco de las investigaciones judiciales correspondientes.
