Uno de los puntos que más controversia genera es la posibilidad de que ciertos medicamentos de venta libre puedan comercializarse en supermercados, kioscos y otros comercios habilitados, una idea que ya había provocado una fuerte disputa política y judicial durante 2024.
Desde el Gobierno argumentan que el objetivo es ampliar el acceso a medicamentos, especialmente en localidades alejadas o zonas rurales donde muchas personas tienen dificultades para llegar a una farmacia.
Según datos incluidos en los informes técnicos oficiales, unas 4,7 millones de personas viven a más de cinco kilómetros de una farmacia entre ida y vuelta. Dentro de ese universo, cerca de 790 mil habitantes deben recorrer más de 50 kilómetros para acceder a medicamentos y alrededor de 205 mil personas superan incluso los 100 kilómetros.
La administración nacional sostiene que las restricciones actuales afectan principalmente a adultos mayores, familias monoparentales y habitantes del interior profundo. También aseguran que una mayor competencia podría generar mejores condiciones de acceso y precios más bajos.
Sin embargo, el avance de la desregulación despertó una fuerte reacción en el sector farmacéutico. Distintas entidades advirtieron sobre riesgos sanitarios vinculados a la automedicación, la falsificación de productos y la pérdida de controles profesionales.
“Que un medicamento sea de venta libre no significa que sea inocuo”, señalaron desde la Confederación Farmacéutica Argentina.
Desde el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos también cuestionaron el proyecto y alertaron sobre posibles problemas de trazabilidad y conservación de medicamentos, especialmente en ventas realizadas a través de plataformas digitales.
Actualmente, la venta de medicamentos fuera de farmacias continúa siendo un tema judicial abierto. Durante 2024, la Justicia suspendió artículos del DNU 70/2023 que habilitaban el expendio sin control farmacéutico tras presentaciones realizadas por colegios profesionales de distintas provincias.
Mientras tanto, algunas jurisdicciones comenzaron a avanzar por cuenta propia. Río Negro, por ejemplo, aprobó recientemente un esquema que incorpora receta electrónica, telefarmacia y entrega a domicilio bajo supervisión profesional.
Con este nuevo proyecto, el Gobierno nacional busca reinstalar una discusión que mezcla acceso, negocios, salud pública y controles sanitarios, en uno de los debates más sensibles del sistema de salud argentino.
