La iniciativa aprobada establece que la edad mínima de punibilidad será de 14 años y fija un tope de 15 años para las penas privativas de la libertad aplicables a adolescentes. No obstante, incorpora criterios restrictivos para la prisión efectiva, que solo podrá dictarse en casos de delitos graves con escalas penales de diez años o más.
Para los delitos de menor gravedad, el nuevo régimen prevé sanciones alternativas, entre ellas tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima y medidas orientadas a la reparación del daño. Además, el texto reafirma las garantías procesales y define la privación de la libertad como última ratio.
El proyecto también contempla estándares específicos para la detención de menores, como el alojamiento separado de adultos, la creación de módulos diferenciados y el acceso garantizado a educación, atención en salud y programas de resocialización.
En cuanto a la implementación, el nuevo régimen entraría en vigencia seis meses después de su reglamentación. Durante ese período, tanto el sistema penitenciario federal como los provinciales deberán adecuar su infraestructura. Para ello, se prevé una asignación presupuestaria inicial de 23.000 millones de pesos.
Ese punto fue cuestionado por los detractores de la iniciativa, quienes sostienen que el monto resultará insuficiente y que no alcanzará para cubrir las necesidades de las provincias. Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto deberá ahora ser debatido en el Senado, donde se definirá si la reforma se convierte en ley.