La experiencia acumulada en distintos sectores del Gran San Juan mostró que los conglomerados masivos no siempre lograron consolidarse como espacios integrados. En muchos casos, la falta de planificación urbana derivó en dificultades con servicios básicos y en barrios que funcionaron como núcleos aislados, con escasa dinámica comunitaria.
En paralelo, el IPV endureció los controles sobre las viviendas ya adjudicadas. A partir de inspecciones y denuncias, el organismo detectó unidades deshabitadas o utilizadas de manera irregular. En lo que va de 2025, ya se recuperaron más de 50 casas que volvieron a manos del Estado tras los procedimientos administrativos.
Parte de esas viviendas ya fue reacondicionada y se integrará a un nuevo esquema de adjudicación. Está previsto que formen parte de un sorteo proyectado para la segunda mitad de 2026, junto a unidades que actualmente se encuentran en etapa final de obra. En un escenario donde más de 100.000 personas esperan una solución habitacional, cada recuperación adquiere un peso significativo.
Otro de los frentes de trabajo está en la regularización dominial. El organismo avanza en la escrituración de barrios históricos que aún no cuentan con títulos definitivos, con el objetivo de dar seguridad jurídica a familias que ya cumplieron con el pago de sus viviendas.
A la par, se analizan nuevas herramientas de financiamiento. Entre ellas, líneas de crédito que podrían cubrir hasta el 100% de una vivienda estándar, abriendo una alternativa para quienes cuentan con terreno propio y buscan construir por fuera de los programas tradicionales.
El nuevo esquema también refuerza el sistema de adjudicación mediante sorteos, con la intención de garantizar igualdad de condiciones y ordenar la demanda. En ese contexto, la participación vecinal aparece como un factor clave: las denuncias continúan siendo una vía central para detectar irregularidades en el uso de las viviendas.
Con menos recursos nacionales y una demanda en aumento, el IPV avanza hacia un modelo que prioriza el equilibrio urbano, el control del stock habitacional y la diversificación de herramientas para el acceso a la vivienda.
