En cuanto al abordaje del delito, incorpora pautas operativas concretas: el fiscal tendrá dirección funcional sobre la investigación policial, se prevé su presencia en hechos graves y se implementan protocolos estrictos para preservar la escena del crimen, incluyendo evidencia digital. Además, se formaliza un sistema integral de cadena de custodia y se promueven instancias de diagnóstico criminal conjunto con la Policía de San Juan y el Servicio Penitenciario Provincial.
El documento también introduce herramientas para abordar conflictos complejos, priorizando instancias de diálogo y mediación antes de la judicialización, especialmente en casos de alto impacto social.
En materia procesal, establece plazos breves para la resolución de causas, criterios uniformes para decisiones iniciales y regula el uso de mecanismos como el juicio abreviado o la suspensión de juicio a prueba. Asimismo, fija lineamientos claros para la aplicación de medidas cautelares bajo criterios de proporcionalidad.
Uno de los ejes centrales es el rol de la víctima, garantizando su derecho a la información, participación y acompañamiento, además de mecanismos de protección integral. En paralelo, se asegura el respeto irrestricto de los derechos del imputado, con investigaciones objetivas y sin arbitrariedades.
El Manual incorpora además perspectiva de género, con tratamiento prioritario para casos de violencia y restricciones en salidas alternativas, y regula etapas clave como el juicio de cesura y la ejecución de penas, con control y seguimiento de condenas.
Otro punto destacado es la creación de una Oficina de Calidad Institucional, encargada de evaluar el desempeño del sistema y promover mejoras continuas, junto con una política comunicacional basada en la transparencia y la responsabilidad.
Con su entrada en vigencia, este Manual se consolida como una herramienta central para ordenar la persecución penal en la provincia, fortalecer la articulación entre organismos y avanzar hacia un modelo de justicia más eficiente y previsible.
