Ante la polémica que se ha generado por el uso de sistemas antigranizo y rompetormentas, la Defensoría del Pueblo, a cargo de Florencia Peñaloza, resolvió una medida preventiva a fin de llegar a una resolución en el tema.
A través de una presentación, solicita a las autoridades provinciales de Producción, Trabajo e Innovación y Ambiente y Desarrollo Sustentable, la suspensión del uso de estos sistemas en la jurisdicción de San Juan.
Además, pide la verificación de la totalidad de cañones antigranizo y rompetormentas instalados en el territorio local, así como “la presentación de un informe detallado sobre el impacto ambiental, con el fin de evitar y prevenir daños ecológicos y ambientales que eventualmente pudiere traer aparejado el uso de estos sistemas para todos los habitantes de la provincia”, indican a través de un comunicado.
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El tema genera preocupación en la sociedad sanjuanina con opiniones divididas, pero que llevó a la Defensoría del Pueblo a tomar medidas para obtener respuestas por parte de las autoridades y en pos de cualquier posible impacto ambiental relacionado con esta actividad.