Sin embargo, el 26 de febrero de este año, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal revisó esa decisión y modificó la calificación legal de los hechos.
Los jueces de Casación entendieron que no correspondía responsabilizarlo como partícipe directo de los asesinatos y las torturas, sino por no haber impulsado las investigaciones judiciales que debía promover desde su función.
La conducta quedó encuadrada en delitos vinculados con el encubrimiento y la omisión de perseguir penalmente esos crímenes. Por esa modificación, la causa volvió al tribunal sanjuanino para establecer una nueva pena.
La investigación abarcó 79 hechos vinculados al terrorismo de Estado, entre ellos 13 homicidios agravados, tormentos contra detenidos por razones políticas, privaciones ilegítimas de la libertad, violaciones, abusos sexuales y robos.
La acusación sostuvo que Yannello, desde su cargo en el ámbito judicial, contribuyó a que esos delitos quedaran impunes al no promover las investigaciones correspondientes, pese a las denuncias y los hechos que llegaban a su conocimiento.
En la audiencia para determinar la sanción, la Fiscalía pidió 25 años de prisión, mientras que la defensa reclamó una pena menor, dentro del mínimo previsto para la nueva calificación. Finalmente, los jueces Alberto Carelli, Paula Marisi y Gretel Diamante resolvieron imponer el monto solicitado por el fiscal Vega.
El cambio de calificación en Casación no significó que Yannello fuera desvinculado de los crímenes, sino que modificó el grado de responsabilidad penal que se le atribuyó. Esa decisión fue la que dejó sin efecto la prisión perpetua de 2023 y abrió el camino para la nueva condena.