Lo malo que la dirigencia política se resista a realizar transiciones medianamente ordenadas es que tarde o temprano aparecen los malos entendidos y si encima se trata de dineros públicos, ¡mamma mía!.
El candidato Massa repetía en campaña electoral: “Nosotros no vamos a llorar por la herencia recibida, vamos a poner a la Argentina de pie”. El prestigioso dirigente radical Raúl Baglini sostenía que cuanto más se acerca un político al poder, más se aleja del cumplimiento de sus promesas de campaña. Esta semana, escaló la polémica entre el actual mandatario provincial y el saliente. Pareciera que a uno le cuesta terminar de desprenderse y al otro le es crucial terminar de instalarse.
La argentina llegó al cambio de gobierno con una economía al límite. Para cualquier gobierno, sea nacional, provincial o municipal, saber con qué recursos económicos se cuenta viene a ser como el oxígeno. Saber dónde se está parado para saber cuánto se podrá gastar, es simple.
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Se ha convertido en una modalidad que los gobiernos culpen a las gestiones anteriores del Estado de las cuentas públicas. Lamentablemente, hay más casos con razón que sin ella. Desde el regreso a la democracia, se transformó en un clásico “la herencia recibida”. Se trata de un término acuñado para aludir a los stocks endebles y a las variables en rojo que el gobierno que se va deja en la economía.
A los sesenta días de producirse el cambio político, el gobierno de Orrego afirmó esta semana que las cuentas públicas heredadas de parte de Uñac no cierran. La punta de lanza, hasta el momento, fue el anuncio sobre la situación financiera de la Obra Social Provincia. Una aclaración, el año pasado ya se mencionaban conflictos con proveedores, suspensión de prestaciones, sospechas sobre licitaciones y acusaciones sobre el desfinanciamiento de la entidad. Indudablemente, problemas de gestión existían, aunque fueran desmentidas por las distintas autoridades que tuvo dicho organismo.
Lo concreto es que el actual gobierno tuvo que salir a afrontar deudas, según lo manifestado por el Ministro de Salud, por la suma de 1500 millones de pesos. No tardó en aparecer un descargo por parte del exgobernador Uñac, a través de la red X, la herramienta que ha encontrado la dirigencia política cuando se saltean los procesos de transición. No solo negó que la OSP haya sido entregada en esa situación, sino que fue por más, al afirmar que los números de su gestión, en general, han sido positivos.
No hace mucho el ministro de Hacienda, Gutiérrez, hablo del déficit financiero que habían recibido de la anterior gestión. Sería bueno que la gestión Orregista brinde una detallada auditoría sobre el estado financiero de todas las áreas del Estado provincial.
¡El riesgo de enredarse en este juego de contradicciones termina desvirtuando la acción política con el riesgo de asemejarse a la moraleja de la fábula del pastorcito mentiroso!
Era una obviedad que, ante la caída de la Ley de Bases, el desparramo de asignaturas pendientes y sin resolución volverían al tapete. El más delicado y preocupante fue la embestida del presidente hacia los gobernadores. Más allá del discurso político que se pueda abrazar o de la estrategia de tener a mano un “enemigo”, amerita una reflexión. No hay que perder de vista que todos los gobernadores fueron elegidos por el voto de sus comprovincianos, incluso algunos de ellos sacaron más votos que el propio Milei.
La decisión de confrontar es peligrosa, multiplica la grieta, ahora en una nueva versión: los que apoyan y los traidores. Lo cierto, es que el presidente decidió avanzar con un mayor recorte de fondos nacionales a las provincias y, de esta manera, seguir con la poda de gastos en el interior. ¿El presidente está indirectamente obligando a los gobernadores a negociar un nuevo pacto fiscal?
Se anunció el corte de subsidios a las empresas de transporte del interior y ese fue apenas el primer golpe. Los gobiernos provinciales ya hablan que el mismo podría llegar a impactar en los bolsillos hasta un 200%. El tema de los subsidios es una discusión que viene desde hace tiempo, solo el año pasado se destinó $102.000 millones para mantener el Fondo Compensador del Transporte. Con otro ingrediente, que no fue resuelto por el gobierno anterior, y es el de revertir la inequidad en la repartición de recursos fiscales nacionales desfavoreciendo al interior en beneficio del AMBA.
Lo concreto es que a partir de ahora, los subsidios al transporte público del interior deberán ser absorbidos por las provincias. Con lo cual, los gobernadores deberán compensar la quita de fondos desde la Nación o ajustar en su defecto el boleto. La tarifa social se mantendría con el descuento del 55%.
Habrá que ver si más allá de la caída de la ley y del enfrentamiento verbal se está dispuesto a dialogar, a negociar, en definitiva, a tratar de encontrar una salida. Subsidiar al usuario y no a las empresas fue un planteo que jamás se intentó concretar, por razones obvias.
El subsidio al transporte es básicamente el acuerdo social respecto a cuánto creemos que tiene que costar. En definitiva, el subsidio ideal es el que permite un equilibrio entre las necesidades y las posibilidades del Estado y no tiene un número. Es muy probable que a corto plazo, los gobernadores se vean obligados a aumentar las tarifas del transporte público, a recortar otros gastos o a subir impuestos.
Seguramente se deba revisar la táctica desde el plano político, habrá que ponerse de acuerdo en el que y el cómo, rápidamente, sin perder de vista que luego de las correcciones que deben realizarse, puede estar el crecimiento.
No podemos darnos el lujo de descarrilar, el gobierno tiene mucha tarea por realizar y la oposición de ser responsable.