La central sindical solicitó la recusación de los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González, a quienes acusó de haber actuado sin neutralidad.
En su presentación, difundida por Noticias Argentinas, la CGT fue tajante: “La resolución que se recurre carece de todo fundamento”, y sostuvo que los magistrados “adelantaron opinión sobre el fondo de la cuestión”, lo que -según argumentan- invalida su intervención.
Sospechas de “beneficio” y acusaciones de prejuzgamiento
Uno de los puntos más sensibles del planteo apunta contra Pesino. La CGT remarcó que el Poder Ejecutivo inició el trámite para extender su mandato por cinco años apenas un día después de su fallo, ya que el magistrado alcanza el límite de edad constitucional.
Para la central obrera, este hecho configura “un beneficio de importancia” otorgado por el Estado, lo que -afirman- compromete su imparcialidad y constituye una causal objetiva de apartamiento.
En el caso de González, la acusación es por prejuzgamiento. Según la presentación, la jueza sostuvo en su fallo que los trabajadores no constituyen un sector socialmente vulnerable ni sus derechos tienen carácter alimentario, lo que para la CGT implica haber anticipado criterio sobre el conflicto de fondo.
Cuestionamientos a la intervención de la Sala VIII
Además de las recusaciones, la CGT también objetó la competencia del tribunal. Sostuvo que la Sala VIII no debía intervenir, ya que existían causas conexas previas que requerían concentración en otra sala para garantizar coherencia judicial.
También denunció que el fallo fue dictado con “insólita premura”, sin dar traslado a la central sindical ni permitirle ejercer su derecho de defensa antes de la resolución.
Qué está en juego en la reforma laboral
La medida cautelar original había suspendido cerca de 80 artículos de la ley de modernización laboral, que afectan puntos sensibles como:
- La Ley de Contrato de Trabajo
- La libertad sindical
- Los montos indemnizatorios
- El pago en cuotas de indemnizaciones
- Las restricciones al derecho a huelga
Con el fallo de la Cámara, esos artículos volvieron a estar vigentes mientras se define la cuestión de fondo: la constitucionalidad de la reforma.
Un conflicto que podría llegar a la Corte
El planteo de la CGT abre un nuevo frente judicial en una de las reformas más controvertidas del Gobierno. Si prosperan las recusaciones o el pedido de nulidad, el expediente podría cambiar de tribunal o incluso escalar a la Corte Suprema.
