Crimen por empalamiento
Jueves 20 de Septiembre de 2018

Las dudas que deja el accionar policial y judicial en el caso Escudero

Nadie advirtió que era un homicidio y la escena del crimen ya no sirve para recoger pruebas. El juez es quien dispone levantar un cuerpo y cómo hacerlo, pero en este caso aparentemente nunca intervino y delegó esa tarea. Dicen que es una costumbre trabajar así.

En Tribunales y la Policía no entienden por qué nadie advirtió de entrada que la muerte del hombre que fue encontrado el domingo en Santa Lucía se trataba de un posible homicidio y que eso demandaba preservar la escena del crimen para poder levantar rastros que ayuden a esclarecer el caso. La actuación de los uniformados y del juzgado Correccional de turno que dirige Eduardo Agudo quedó en tela de juicio y deja una pila de dudas. La única certeza: se hizo todo mal y hay menos posibilidades de poder determinar quién o quiénes fueron los autores del aberrante hecho.

La persona fallecida fue identificada como Juan Ramón Escudero. El domingo en la noche fue encontrado en su casa por un sobrino, que de inmediato llamó a la Policía. Mientras tanto, tapó el cuerpo con una colcha porque había entrado un perro que con su hocico no se despegaba de la zona donde había recibido la herida que le causó la muerte.

De acuerdo a la reconstrucción que pudieron hacer en la Justicia, los primeros en llegar fueron los efectivos de la Comisaría 29ª y después, una doctora que constató el fallecimiento. Un oficial le llamó por teléfono al secretario del Juzgado Correccional N° 1, Juan Pablo Ortega, para avisarle. El funcionario judicial hizo varias preguntas y cuando le dijeron que no había síntomas de que fuera un homicidio, ordenó levantar el cuerpo.

Llegó la División de Criminalística para cumplir con un simple procedimiento, como si la muerte hubiera sido razones naturales. Se llevaron el cuerpo y lo trasladaron a la morgue judicial, donde en menos de 24 horas descubrieron que Escudero tenía una herida muy visible en el ano y que murió por empalamiento.

La consecuencia de no haber advertido que era un homicidio es nefasta para la investigación. El lugar donde estaba la víctima no fue perimetrado, no se tomaron los cuidados del caso para que nadie tocara o corriera elementos o muebles, entró y salió gente como si nada y no se dispuso una custodia posterior para resguardar la escena y hacer pericias en busca de datos genéticos o cualquier otra prueba que permitiera echar luz sobre el asunto.

Cuando se supo que fue un asesinato, la causa cambió de carátula y pasó al juzgado de Instrucción N° 4. El juez Martín Heredia, incrédulo, le pidió al jefe de Policía que abra un sumario contra los efectivos de la 29 y los de Criminalística y ordenó otras medidas de prueba.


La Policía
Los uniformados de la Comisaría 29ª fueron los primeros en actuar. Uno de ellos le dijo a Ortega por teléfono que en la casa no se veía un desorden que hiciera suponer una pelea o un robo, que el cuerpo no tenía signos de violencia y que el muerto padecía presión alta.

Lo llamativo es que la herida en el ano se percibía a simple vista. El cuerpo estaba tapado con una manta, lo que hace suponer que nadie la levantó para mirar con detenimiento el cuerpo antes de informar a Ortega. Ni siquiera la médica que acreditó que Escudero estaba muerto.

Según el relato que hacen en Tribunales, el personal de Criminalística retiró la colcha para llevarse el cuerpo. Lo dio vuelta y lo levantó. ¿Cómo no se van a dar cuenta en ese momento?, se preguntó un funcionario judicial.

Del relato se deduce, al menos, que ninguno se tomó tiempo para revisar detenidamente con la vista el cuerpo. Lo mínimo que hay que hacer en estos casos para determinar si fue por razones naturales o un homicidio.

La Justicia
La orden de levantar el cuerpo la toma un juez. Como se presumía que era muerte por causas naturales, primero intervino el Juzgado Correccional N° 1, a cargo de Eduardo Agudo. Para sorpresa de muchos, pero no para del aparato judicial, aparentemente el magistrado no intervino.

Dicen en Tribunales que la costumbre es que el juez, cuando está de turno, deje firmados en sede policial un alto de oficios para levantar cadáveres y no tener que ir al lugar cada vez que hay un fallecido sin asistencia médica. Y como esa orden sólo se puede llevar a cabo con la firma complementaria del secretario del juzgado, la Policía le avisa a él para que intervenga en primera instancia.

En el caso Escudero, el oficio en blanco ya tenía la firma del juez y faltaba la del secretario. El funcionario habló por teléfono con un efectivo policial que supuestamente estaba allí. En el entorno de Ortega dicen que la conversación está grabada, que preguntó si había señales de robo en la vivienda y sí el cuerpo tenía algún síntoma que revelara una muerte violenta y que le contestaron que "no". Además, ante otra pregunta, le habría respondido que la víctima sufría de presión alta. Con todas esas respuestas, dijo que levantaran el cuerpo y los efectivos de la 29 fueron hasta su casa para que pusiera la firma que faltaba en el oficio.

Así como lo cuentan, el procedimiento depende casi de forma exclusiva de la información que brinden la fuerza de seguridad. Sin nadie del engranaje judicial en el lugar, todo está atado a lo que interpreten los uniformados. ¿Para qué está entonces la Justicia?

Lo que pasó obliga a revisar las no siempre saludables costumbres judiciales. ¿Si el único que puede decidir si un cuerpo se tiene que levantar y el modo de hacerlo es un juez, no debería ese juez estar presente, observar en vivo y en directo y recién decidir? ¿Por qué deja oficios tan delicados firmados en blanco? ¿Está bien que delegue esa tarea en un subordinado, cuando se supone que es una facultad exclusiva? ¿Puede más la costumbre y la informalidad que lo que dicta el protocolo?

Los allegados a Ortega afirman que fueron los policías los que lo indujeron al error, es decir a disponer el traslado del fallecido sin saber que en realidad era un homicidio y que se tenía que proteger el lugar. Ante esa posibilidad, por impericia o dolo de los que informaron, ¿deberían los funcionarios judiciales ir sí o sí hasta la escena del crimen? ¿Alcanza con manejar las cosas por teléfono?

El resultado que se dio en el caso del hombre santaluceño ayuda a responder los interrogantes. Como cuando se contaminó la escena del crimen de Ariel Tapia, hecho que quedó impune porque nunca se encontraron pruebas.

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