El oficialismo espera dictaminar la Ley Ómnibus, la reforma laboral y el paquete fiscal la semana que viene.
Funcionarios de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Economía volvieron a reunirse este viernes con diputados de la oposición dialoguista para seguir trabajando en las modificaciones a la Ley Bases, la reforma laboral y al paquete fiscal.
“El lunes tendremos nuevo texto”, adelantó un hombre del radicalismo que participó del encuentro, que se extendió desde el mediodía hasta pasadas las 18. La UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal esperan -nuevamente- la última versión del texto para asegurarse que el Gobierno hizo las modificaciones que se comprometió a incluir. Son los bloques que garantizan el quórum al oficialismo, y también pueden hacer caer cualquier artículo si se suman al peronismo.
El plan del oficialismo es tratar en la misma sesión la Ley Bases, el paquete fiscal y la reforma laboral. Comenzará el lunes 29 y se extenderá hasta el martes 30, posiblemente hasta la madrugada. Si todo sale bien, la media sanción debería llegar antes del 1 de Mayo, fecha para la que se espera una movilización de la que participará la CGT.
Parte de lo conversado con la oposición incluye la posibilidad de votar por capítulos para avanzar más rápido. Aunque los dialoguistas aclararon que si se mantienen las diferencias sobre algún artículo, la votación será por separado, como ocurrió durante el primer intento de aprobar la Ley Bases.
Pero para llegar a la sesión primero el oficialismo deberá avanzar en las comisiones. Esperan poder sacar el dictamen de la Ley Bases este miércoles y del paquete fiscal el jueves.
Los bloque dialoguistas ya se habían reunido esta semana para unificar sus críticas, entre las que se destacaban los cuestionamientos a la disolución de organismos, la eliminación de fondos fiduciarios, la redacción demasiado amplia del artículo 70 sobre defensa de la competencia, la moratoria previsional y el Régimen de Grandes Inversiones.
El jueves, tras la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en la comisión de Presupuesto, los cuestionamientos opositores se concentraron sobre la actualización anual del mínimo no imponible para Ganancias. Pretenden que vuelva a la redacción original que proponía una actualización por IPC en forma trimestral. “Si no, en pocos meses, con esta inflación, van a terminar pagando todos los trabajadores”, explicaron.
Todos los bloques coinciden en que la reforma laboral debe ser incluida dentro del dictamen de la Ley de Bases. Sin embargo, no hay acuerdo sobre los puntos concretos.
La UCR fue la que se mostró más activa y hasta presentó un ambicioso proyecto que además de incluir una extensión del período de prueba, una rebaja de las multas por trabajo no registrado y la posibilidad -opcional- de optar por un sistema de fondo de cese laboral, proponía la eliminación de las contribuciones solidarias a los sindicatos.
Este punto fue descartado por el Gobierno ya que implicaría una confrontación directa con el sindicalismo.
La legislación vigente permite que en los convenios colectivos se incluya una cuota extra tanto para afiliados como para no afiliados. El proyecto radical los prohíbe por completo. Este punto no estaba en el DNU 70, es un aporte nuevo del radicalismo que se basa en una iniciativa ya presentada por el diputado nacional Luis Picat.
Desde Hacemos Coalición Federal señalaron que el consenso sólo abarca los tres primeros puntos del DNU 70 (capítulo que está suspendido por la Justicia laboral): “Fondo de cese laboral, multas y periodo de prueba, ¿para qué vamos a entrar en conflicto con los sindicatos?”, sintetizaron.
Otro punto de conflicto es el capítulo tabacalero, que proponía que todas las empresas del sector paguen los mismos impuestos. Si bien estaba en la primera versión de la Ley Bases y el propio Javier Milei criticó a un empresario del sector por hacer lobby en su contra, luego el propio oficialismo lo retiró.
Ahora gran parte de la oposición y varios gobernadores reclaman volver a incluirlo. Pero la Casa Rosada no ha mostrado interés en dar marcha atrás.
El radicalismo ya decidió marcar su disidencia en el dictamen y proponerlo como capítulo de la Ley Bases por su cuenta. “Nos cansamos del juego de los intereses, que el Presidente ponga un manto de sospecha sobre todos pero sean ellos mismos los que retiran el tema y nadie se hace cargo”, explicaron.
El cronograma diseñado por el Gobierno es muy ambicioso y busca dejarle tiempo suficiente al Senado para que pueda darle sanción definitiva a los proyectos antes del 25 de Mayo, fecha en la que espera poder firmar con las provincias el tan anticipado Pacto de Mayo.
