En su dictamen, Stornelli ordenó recabar la totalidad de las normas y disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional con motivo de la pandemia del Covid-19, a través de las cuales se establecieron restricciones para las libertades ambulatorias de las personas, la posibilidad de llevar a cabo reuniones de cualquier tipo y sobre las distintas actividades económicas y sociales. “A su vez, resultaría de interés contar con aquellos antecedentes técnicos —y dictámenes jurídicos— que dieron sustento a aquellas decisiones, debiéndose recabar, al efecto, los expedientes completos”, añadió.
Tras disponer incorporar a la causa los videos y la transcripción de la entrevista de Guzmán, Stornelli también dispuso solicitar a la Organización Mundial de la Salud —y a cualquier otro organismo internacional que corresponda— que brinde información estadística acerca de las medidas sanitarias dispuestas por los distintos países del mundo, indicando la extensión de las restricciones, el grado de las prohibiciones y/o regulaciones dispuestas, las implicancias que dichas medidas tuvieron sobre las libertades de los ciudadanos y los resultados obtenidos en cuanto a la prevención de contagios.
Además, promovió convocar a los distintos economistas mencionados en la denuncia realizada por el legislador porteño Yamil Darío Santoro y los abogados José Lucas Magioncalda e Ignacio Falcón, quienes también denunciaban a Alberto Fernández por los dichos de Guzmán, pero por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario, abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad.
Entre los economistas citados por Stornelli para prestar declaración testimonial se encuentran Roberto Cachanosky, Victoria Giarrizzo, Camilo Tiscornia, Federico Vacalebre, Marcelo Capello, Laura Caullo, Fernando Kühn, Eduardo Levy Yeyati, Rodrigo Valdés y Soledad Pérez Duhalde, con el fin de que se explayen sobre lo tratado en los estudios y/o publicaciones citadas en la denuncia.
Por otro lado, Stornelli dispuso que se requiera al Poder Ejecutivo Nacional que recabe información sobre los reclamos personales, corporativos, empresariales, sindicales y de cualquier otro tipo, público o privado, en relación con las restricciones y/o extensiones de las restricciones ordenadas por el PEN respecto de la pandemia.
Tal como lo había sugerido Marijuan, el fiscal de la causa también consideró necesario convocar a los representantes legales y/o titulares de las distintas cámaras empresariales de las actividades más importantes del país, tanto de la industria como del comercio, para que se explayen sobre el nivel de actividad de sus rubros durante la pandemia y los efectos que las restricciones tuvieron en cada uno de los ámbitos que representan. Además, solicitó idéntica información al INDEC y al Ministerio de Economía.
A esto se suma la recopilación de información del Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, relativa a datos estadísticos y oficiales sobre la evolución de la nómina laboral pública y privada durante la pandemia.
El Ministerio Público también requirió al Poder Ejecutivo Nacional que informe si existe algún tipo de constancia en sus archivos que verifique si el anterior gobierno solicitó encuestas, tanto a organismos públicos como a entidades privadas, sobre la opinión de los ciudadanos en relación con la extensión de las restricciones por la pandemia y/o la opinión que le merecían las disposiciones del gobierno en este tema. En caso afirmativo, se deberán recabar la totalidad de los informes realizados al respecto.
Finalmente, el fiscal busca agregar a la causa las grabaciones de las conferencias realizadas desde la Presidencia de la Nación y desde el Ministerio de Salud de la Nación, a través de las cuales se comunicaron las restricciones impuestas durante la pandemia del Covid-19, así como sus respectivas prórrogas.
