Fernández había expuesto el lunes ante el juez Boico en una breve audiencia. “Ercolini me quiere preso. Estoy seguro que es parcial. Lo ha demostrado en las dos causas (la de seguros y la de violencia). Salgamos de los formalismos y veamos lo que ha ocurrido”, lanzó frente al camarista. Y agregó: “No estoy paranoico, Ercolini me detesta y me quiere cobrar venganza”.
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Su abogada, Mariana Barbitta, también habló en la audiencia y aportó seis páginas de chats entre Fernández y Ercolini. Son mensajes de WhatsApp de octubre de 2017 y marzo de 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri. Esos chats, según el ex presidente, probarían que tenían una relación personal y académica, que luego se cortó.
Para Boico, esos chats no sirven como prueba porque se presentaron tarde. Además, el camarista objetó que no hay datos del teléfono “donde supuestamente se habrían captado las imágenes que documentarían los chats, que no se conoce el titular del teléfono “donde constarían esas imágenes”, y que tampoco se acompañó el teléfono para poder peritarlo.
En la causa seguros, Alberto Fernández fue indagado el 27 de noviembre. Fue el primero de una lista de 39 personas que incluyen al broker Héctor Martínez Sosa y a su esposa, María Cantero. Unos días después, su defensa activó una estrategia para intentar apartar a Ercolini. El 4 de diciembre, el juez rechazó in limine el primer planteo de recusación. Desde entonces, el caso pasó a la Sala II de la Cámara Federal.
Tras una serie de idas y vueltas, el juez Boico citó a una audiencia para el 23 de diciembre, pero se terminó prorrogando para este lunes porque la abogada de Fernández estaba fuera del país.
En esa audiencia, tanto Barbitta como Fernández destacaron el “clima de tensión” que había en la indagatoria. Boico rechazó ese argumento. “Me limitaré a reflexionar que es habitual (y no exclusivo de esta causa) que diferentes actos del enjuiciamiento criminal se lleven adelante bajo un clima que refleja distintas emociones y comportamientos. Es hasta esperable que ello en ocasiones ocurra, dado todo lo que está en disputa. Entonces, aun cuando se tomara por constatada esa referencia de la defensa, carecería de la entidad suficiente para constituir un motivo de apartamiento”, sostuvo.
Ahora, el juez que quede a cargo del juzgado 11 deberá definir la situación procesal de todos de los imputados. En su indagatoria, Fernández presentó un escrito en el que defendió el decreto 823, la base de la acusación en su contra. Sostuvo que esa norma -que le entregó el monopolio a Nación Seguros- terminó con la “cartelización”, aunque destacó que no la impulsó él.
El ex presidente también intentó desligarse de su (¿ex?) amigo Martínez Sosa, el empresario que lo visitaba en la quinta de Olivos. “He tenido siempre una relación de afecto. Pero jamás pedí a nadie que un seguro del Estado pase a través de sus manos o lo tomen a él como asesor de seguros. Héctor Martínez Sosa me conoce y conoce mi rigidez en ese tema. En mis cuatro años de mandato no creo haberlo visto o haber hablado con él más de cuatro o cinco veces, y siempre hablamos de cuestiones sociales, nunca de cuestiones de su negocio, que desconozco. No creo que sea delito conocerlo”, dijo.