La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York permitió conservar los títulos de YPF, mientras avanza el reclamo sobre la sentencia.
La Corte de Apelaciones de EE.UU. suspendió la orden de la jueza Preska que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones que el Estado tiene en YPF mientras apela la sentencia en su contra. El país tampoco estará obligado a depositar una garantía.
“Esta decisión garantiza que la República Argentina conserve la participación mayoritaria del Estado Nacional en la compañía mientras avanza la apelación, constituyendo un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos”, afirmó la Procuración del Tesoro.
El Gobierno ya había anunciado que, en caso de que la Corte de Apelaciones no suspendiera la entrega de las acciones, planeaba recurrir a la Corte Suprema para evitar cumplir con esa exigencia. Finalmente, ese paso no será necesario.
Sebastián Maril, analista de Latam Advisors que sigue el litigio, resaltó en su cuenta de X que las acciones del Gobierno en la petrolera podrán permanecer en la Caja de Valores mientras la Corte resuelve la apelación a la sentencia original.
Luego de la orden de Preska de entregar la participación accionaria estatal en la petrolera mientras avanzaba la apelación, la Argentina había solicitado suspender ese pedido hasta tanto se resuelva la apelación de fondo, un proceso que comenzará a fines de septiembre. La Cámara de Apelaciones hizo lugar a ese pedido y suspendió temporalmente la orden de Preska, pero ahora se conoció la decisión definitiva.
Esta fase del litigio por la nacionalización de YPF, tenía tres escenarios posibles. Además de los dos extremos, es decir, hacer lugar al pedido de la Argentina o rechazarlo de plano, había una posibilidad intermedia: la Cámara podía otorgar la medida cautelar, pero reclamar que la Argentina deposite alguna garantía mientras se desarrolla la apelación de fondo.
En Nación ya habían advertido sus intenciones de recurrir, incluso, la Corte Suprema de los Estados Unidos para revertir esta orden. Además, insistían en que no planeaban presentar ninguna garantía y mantenían la postura de no negociar con los demandantes siempre que queden instancias judiciales por agotar.
En paralelo, la Argentina continúa el proceso de apelación del fallo original de primera instancia, que obliga al país a indemnizar con US$16.100 millones a los accionistas minoritarios al momento de la estatización.
“La decisión de la Corte de Apelaciones se limita a la suspensión de la orden de entrega dictada el pasado 30 de junio, mientras se tramita la apelación correspondiente. No afecta el curso de la apelación de fondo contra la sentencia emitida en septiembre de 2023 —tres meses antes del inicio de la actual gestión— que condena al país a pagar US$16.000 millones más intereses", destacó la Procuración.
La presentación de los argumentos orales está previsa para la semana del 27 de octubre, justo después de las elecciones legislativas.
La fecha fue ratificada la semana pasada, después de que la Cámara de Apelaciones no hiciera lugar a un pedido de la ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG) para anular la sentencia original e iniciar una investigación penal contra la familia Eskenazi, accionistas minoritarios de YPF al momento de la nacionalización.
