La caída del "gran jefe": Bento, condenado por una red de coimas enorme
El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza condenó a Walter Bento a 18 años de prisión por liderar una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas a cambio de beneficios judiciales.
El Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza condenó a Walter Ricardo Bento a 18 años de prisión efectiva, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y al pago de una multa superior a los 540 millones de pesos, al considerarlo jefe de una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas.
La sentencia fue dictada por unanimidad y puso fin a la etapa de cesura del juicio, iniciada tras el veredicto de culpabilidad conocido días atrás. El exjuez, de 63 años, fue hallado responsable de asociación ilícita como jefe, cohecho pasivo en ocho hechos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, falsedad ideológica y ocultamiento de pruebas.
Además, el tribunal decidió diferir el análisis del pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa, por lo que Bento continuará detenido en el complejo penitenciario federal de Cacheuta, en Luján de Cuyo.
En la misma causa, su esposa Marta Boiza fue condenada a seis años de prisión por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica. Su hijo, Nahuel Agustín Bento Boiza, recibió una pena de cinco años de cárcel por lavado agravado.
Un juicio histórico
El fallo fue dictado por las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y la sanjuanina Eliana Beatriz Rattá Rivas, quienes integraron el tribunal durante un proceso que comenzó en julio de 2023.
El debate se extendió por más de 130 audiencias, incluyó la declaración de cerca de 300 testigos y el análisis de una gran cantidad de pruebas documentales y digitales. En total, fueron 17 los imputados condenados en la megacausa por corrupción judicial.
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Por el Ministerio Público Fiscal intervinieron la fiscal general María Gloria André, Dante Vega y los fiscales de la PROCELAC Diego Velasco y Laura Roteta.
Cómo funcionaba la red
Según se probó en el juicio, la organización operó al menos desde 2007 y tenía como eje el juzgado federal que Bento conducía. Allí se tramitaban causas complejas, principalmente vinculadas al narcotráfico y al contrabando.
El mecanismo incluía el cobro de sobornos para otorgar libertades, reducir prisiones preventivas, modificar calificaciones legales, dictar faltas de mérito o sobreseimientos. De acuerdo con la fiscalía, el circuito de coimas habría movilizado al menos 1,7 millones de dólares, además de bienes inmuebles, vehículos y otras inversiones.
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El tribunal consideró probado que Bento definía las estrategias, fijaba los montos a cobrar y autorizaba los beneficios, con apoyo de abogados, intermediarios y contactos en fuerzas de seguridad.
El entramado patrimonial
Las juezas también dieron por acreditado un sistema familiar destinado a ocultar el origen del dinero obtenido ilegalmente. Este esquema incluía operaciones inmobiliarias, adquisición de autos de alta gama y otras maniobras financieras.
Para el tribunal, estas acciones buscaron legitimar fondos provenientes de actividades ilícitas y dificultar su rastreo.
Los pedidos y las últimas palabras
Durante la audiencia de cesura, la fiscalía solicitó 18 años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua y multa millonaria, pedido que finalmente fue avalado por el tribunal. La defensa había solicitado una reducción de la pena y prisión domiciliaria, argumentando cuestiones familiares vinculadas al cuidado de un hijo con discapacidad.
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Antes de conocerse la sentencia, Nahuel Bento expresó que el proceso había arruinado su vida y pidió una oportunidad para reconstruirla. Por su parte, el exjuez sostuvo que seguirá “luchando” y defendiendo su postura.
Bento había asumido al frente del Juzgado Federal N°1 de Mendoza en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, luego de un concurso público.
La investigación se reactivó en 2020, cuando una causa por narcotráfico reveló comunicaciones en las que se mencionaba al “juez”, al “número uno” y al “gran jefe”, en presunta alusión al magistrado.
Con la lectura de la sentencia, el tribunal dio por concluida la etapa de determinación de penas. Los fundamentos completos serán difundidos en una resolución posterior.
