No era tan fácil resolver el caso de la muerte de Ismael Cajas, porque las pruebas no fueron concluyentes. Esta es una de las explicaciones que dio el fiscal Carlos Rodríguez, quien acordó con la defensa de Brian Odorcic, una pena de 10 años y 6 meses de prisión, tal como había ocurrido antes de que esta parte del proceso se anulara por pedido de la querella.
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Lo que ocurre es que el escenario de evidencias no corrobora fehacientemente lo solicitado por Mónica Sefair, que era una pena más compleja. Si bien, el juez de primera instancia, Benedicto Correa, procesó al asesino confeso por un Homicidio en ocasión de robo y Tentativa de Robo agravado por el uso de armas de fuego, la defensa de Odorcic siempre tuvo en la mira el hecho de alegar una conducta defensiva por parte del acusado.
Aunque esto parecía alocado, por el hecho de que el ladrón no fue la víctima bajo ningún aspecto, la evidencia no prueba esa apreciación. Lo que ocurre es que la escena del crimen se parte en dos. Primero, en República del Líbano y España, mientras Ismael y su amigo esperaban el colectivo, recibieron la amenaza de Odorcic por un celular. Esta situación es la que está confusa. Si bien, existe un testimonio fundamental que es el del joven sobreviviente, se presenta un nuevo interrogante. ¿Por qué persiguieron al asesino de Cajas?
Aquí viene el segundo escenario, que es el que se coloca sobre calle España, donde los toman las cámaras de seguridad. Lo que ocurre acá muestra cómo las víctimas golpean al ladrón mientras está en el piso. Al mostrarse en una posición de indefensión, recibiendo golpes, da lugar a la defensa a presentar una nueva estrategia que es el exceso de legítima defensa, cuyo monto de la pena es mucho menor. Esto quiere decir que, Odorcic tras haber reconocido la autoría del crimen, puede alegar que le asestó el cuchillazo por tratar de defenderse y sacárselo de encima.
"No queda muy clara la participación y la autoría del hecho. Entonces, para la Fiscalía se corría el riesgo de que esta calificación, que estaba inculcada por el juez de Instrucción, podría caerse. Entendimos que eran oportunos y coherentes los 10 años y 6 meses de prisión", remarcó el fiscal Rodríguez. El Ministerio Público comprendió que era arriesgado llegar al juicio oral porque existían posibilidades de que este planteo de la defensa surtiera efecto.
Entonces, se acordó un juicio abreviado y se tuvo en cuenta la escala penal del homicidio en ocasión de robo, con la mínima que son 10 años de cárcel. Este miércoles se firmó la resolución.