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Prestigioso abogado constitucionalista opinó sobre el intento de anular un aborto

Se trata de Andrés Gil Domínguez, doctor en Derecho Constitucional en la UBA, se refirió al caso del sanjuanino que intenta irrumpir en la decisión de su exmujer de no tener a su hijo.

Luego de que se conociera el caso del hombre que intenta que su exmujer no se practique un aborto (que está sujeto a la ley), tenga a su hijo y después se lo entregue, el prestigioso abogado constitucionalista, Andrés Gil Domínguez, doctor de Derecho Constitucional de la UBA y autor del reciente libro "Acceso a la interrupción voluntaria del Embarazo y Atención y cuidado integral de la salud durante el Embarazo y la Primera Infancia", opinó sobre la situación inédita.

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El jurista habló con sanjuan8.com para aclarar lo que, en términos legales, debería suceder en este primer caso post ley por evitar una interrupción. “La Justicia tiene que rechazar de inmediato la presentación porque un hombre no tiene ninguna legitimación para interponer ningún tipo de acción en términos de impedir que una mujer o persona gestante ejerza su derecho de interrumpir voluntariamente un embarazo”, explicó.

Sobre la postura de la abogada defensora, Mónica Lobos, de que el derecho a la vida es absoluto, pero el derecho de la mujer no, expresó que “eso ya se debatió en el Congreso con la Ley. Es una discusión que ya está, una discusión villanista. Lo podrá plantear porque tiene derecho a la justicia, pero no tiene ningún tipo de fundamentos ni constitucional ni convencional”. Pese a esto, la defensora manifestó que se respaldará en la constitución sobre los derechos del niño y del progenitor.

En ese aspecto, el artículo 4º de la ley 27.610 establece que “Las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional” y que “deberá protegerse a la paciente de injerencias ilegítimas por parte de terceros”.

La mujer que busca, en este caso, interrumpir el embarazo se encuentra en la semana 12 por lo cual, la Justicia deberá expedirse de manera inmediata, al igual que la obra social, a la cual ella le solicitó la asistencia integral con un término de 10 días desde la solicitud de la persona gestante. La cobertura debe ser en su totalidad.