La medida de fuerza se tomó luego de que fracasaran las negociaciones salariales a nivel nacional. La UTA reclamaba un aumento del salario básico de $1,2 millones a $1,7 millones, pero las cámaras empresarias sostuvieron que no pueden afrontar una suba si no se actualizan los ingresos del sector para cubrir los costos operativos. Finalizada la conciliación obligatoria el pasado 30 de abril sin acuerdo, el sindicato resolvió convocar al paro.
El Gobierno de San Juan advierte que el paro de colectivos es ilegal
En San Juan, la controversia se generó porque medida no fue informada formalmente a la Subsecretaría de Trabajo, como exige la ley provincial. Si bien desde la UTA local argumentaron que al tratarse de una medida nacional fue notificada a las autoridades nacionales, el subsecretario de Trabajo provincial, Franco Marchese, explicó en declaraciones a Canal 8 que toda acción gremial que afecte servicios esenciales en el territorio provincial debe ser informada con al menos 24 horas de anticipación.
"La ley es clara. Aunque sea una medida nacional, al afectar un servicio esencial como el transporte público, tiene que ser notificada a las autoridades provinciales. No se puede garantizar el servicio si no se cumple con este procedimiento", sostuvo Marchese.
Ante esta situación, el Gobierno provincial analiza aplicar sanciones económicas a la UTA y a los choferes involucrados. Las multas podrían ir ser aplicadas entre el 50% hasta el 200% del salario mínimo vital y móvil, en función del grado de afectación, la duración del paro y la cantidad de trabajadores implicados.
