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La iniciativa fue aprobada con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención, en una sesión que generó fuertes reacciones dentro y fuera del recinto. Tras este paso en la Cámara alta, el proyecto será girado a la Cámara de Diputados para su tratamiento cuando se inicie el período de sesiones ordinarias.
El proyecto de reforma propone modificar el alcance de las áreas protegidas por la ley vigente desde 2010. Puntualmente, redefine el concepto de “formas periglaciares” y plantea distinguir entre aquellas que cumplen una función hídrica estratégica —como reservas de agua dulce y reguladoras de cuencas— y aquellas que no necesariamente cumplen ese rol.
De este modo, se mantendría la prohibición de actividades económicas en glaciares, pero se habilitaría la posibilidad de desarrollar proyectos de inversión en zonas periglaciares que no tengan una función hídrica comprobable.
El proyecto
La normativa actual protege tanto glaciares visibles como ambientes periglaciares, caracterizados por suelos congelados o saturados de agua en ecosistemas de alta montaña. Estas áreas cumplen un rol fundamental en la regulación hídrica y geomorfológica.
La reforma también prevé la creación del Inventario Nacional de Glaciares, cuya elaboración estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), bajo la coordinación de la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación. El organismo técnico deberá identificar glaciares y áreas periglaciares en todo el territorio nacional y diferenciar aquellas que cumplen función hídrica de las que no.
Entre las actividades que continuarían prohibidas en glaciares se encuentran la liberación de sustancias contaminantes, la explotación minera e hidrocarburífera, obras de infraestructura y actividades industriales que alteren su condición natural. En cambio, se permiten investigaciones científicas, rescates de emergencia y deportes no motorizados como andinismo y escalada.
El posicionamiento del gobernador sanjuanino se da en un contexto de fuerte debate nacional entre sectores ambientalistas y productivos, donde provincias cordilleranas como San Juan siguen de cerca la evolución del proyecto por su impacto en el desarrollo minero y económico regional.